sábado, 10 de marzo de 2012

Camino a la servidumbre

La frase de Juan Rossell, presidente de la CEOE, de "no nos riamos que se nos vea serios ante la prensa" que captaron los micrófonos de los periodistas al presentar la reforma laboral ante los medios de comunicación resume de manera explícita para quien está hecha esta reforma en ningún caso para los trabajadores/as y parados/as de este país. Pues bien, como todos sabemos, el 29 de Marzo los sindicatos han hecho un llamamiento general a la ciudadanía para que asistan a una huelga general contra esta reforma.
Hay muchas personas que rechazan la huelga, sobre todo aquellas personas que poseen pertenencia al partido que adopta las decisiones, sin embargo, también hay personas que comprenden los motivos de esta huelga, pero que encuentran obstáculos para incorporarse, bien por el temor a represalias en las empresas, la desconfianza en los sindicatos que tanto han decepcionado a los ciudadanos desde el comienzo de la crisis, la resignación e impotencia de que la huelga nada cambiará o por simple comodidad, de no “perder” su valioso tiempo en luchar por sus derechos.
Empezaré por analizar algunas cuestiones de la reforma, personalmente, no creo que lo más preocupante sea ni la indemnización por despido ni su cuantía, siempre que se trate de PYMES en dificultades ésto supondría un alivio para la continuación de la actividad de la empresa y además, sería un incentivo para que los pequeños empresarios que antes no se atrevían a asumir el riesgo de contratar a alguien por temor a que, en caso de ir mal la empresa y tener que despedirlo le suponga un gran esfuerzo, contraten y se quiten el miedo de emplear más trabajadores que luego puedan suponer una carga para la supervivencia de su negocio.
El problema lo encuentro en que, ahora bastarán tres trimestres consecutivos de descenso de la facturación para despedir a un trabajador, y ya sabemos que la contabilidad hace milagros, para las empresas multinacionales es fácil reajustar las cuentas, pueden hacer aparecer pérdidas o beneficios allí donde más les convenga, utilizando para ello, entre otros procedimientos, los llamados "precios de transferencia", un mecanismo que consiste sencillamente en facturar entre los diferentes nudos de la red a precios de libro en lugar de a precios de mercado. Así, si en el interior de la propia red de la empresa, la factoría de España compra cualquier tipo de input a una factoría Alemana a un alto precio, y luego vende lo producido a un bajo precio a un centro de la propia empresa en Polonia, estará generando beneficios extraordinarios en Polonia y pérdidas en España. Pero ojo, no necesariamente deben tener pérdidas, pues basta con que disminuyan los beneficios para poder despedir sin obstáculo alguno, aunque esos beneficios sean de millones de euros. Los EREs masivos en estas empresas serán totalmente legales y no tendrán la necesidad de ser autorizados por parte de alguna autoridad laboral, lo que es realmente una verdadera aberración.


Otro punto brillante de la reforma, es que las empresas podrán rebajar el sueldo de los empleados al mínimo del convenio colectivo alegando motivos de productividad, por decisión unilateral de la empresa. Seguramente ese salario extraído del trabajador pase a engrosar la remuneración del consejo de administración o de los directivos, manteniendo los costes fijos que minoran la tan solicitada productividad.
Por si esto os parecía poco, las empresas podrán usar la "clausula de descuelgue", bajando aún más el sueldo al margen del convenio y empleando la coacción sobre los trabajadores que deberán aceptar las condiciones de trabajo que dicte la empresa (cambios de horarios, de lugar de trabajo, etc.), dejando a los sindicatos fuera de toda negociación.

En cuanto a los parados con prestación de desempleo, durante el primer año un 25% de tu prestación se añadirá al sueldo que te pague la empresa, y además, la empresa podrá deducirse fiscálmente el 50% de la prestación que estuviese cobrando el trabajador, si a esto le añadimos que tu prestación por desempleo se consume mientras trabajas, y que en ese primer año, aún con contrato indefinido, tendrás un contrato de prueba por el que te podrán despedir en cualquier momento sin causa, indemnización o derecho alguno, posiblemente, tras un año te encuentres en la calle y sin prestación por desempleo, por lo que no les interesará contratarte ya que no obtendrán ningún beneficio fiscal por ello, al contrario que cuándo recibías la prestación.
Además se darán bonificaciones en su cuota de la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 que hayan estado al menos 12 meses de los 18 anteriores en paro, que serán más cuantiosas si se contratan mujeres, entonces ¿qué pasará con los parados entre 30 y 45 años que no reportan bonificación alguna en la cuota de la seguridad social para las empresas? Fácil, esperar hasta los 45 a ser contratados si es que logran sobrevivir...


Es difícil una reforma laboral de este calado en unas pocas líneas, pero creo que basta con lo expuesto para comprender el atentado que supone para los derechos de los trabajadores/as y para los ciudadanos/as en general, máxime cuando gobierno y empresarios están manifestando, por activa y por pasiva, que esta reforma "no va a crear empleo por sí misma", que éste se creará cuando haya actividad económica, como ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, palabras que ponen de manifiesto que el verdadero fondo de la reforma laboral al menos no es el de crear empleo.

¿Porque hacen huelga general los sindicatos contra la reforma laboral? Quizás por todo lo expuesto anteriormente, pues en teoría e históricamente defender los derechos de los trabajadores ha sido su función, pero, tras la pasividad de los sindicatos durante la crisis y su poca lucha por trabajadores y parados mientras se destruían empleos y España se iba a pique, cabe buscar este interés en motivos económicos del lobby, pues parece ser que UGT y CCOO, las dos grandes agrupaciones sindicales, verán sus ingresos reducidos en torno a los 100 millones de euros por ERE tras la pérdida de protagonismo de los sindicatos en los convenios colectivos y el poder unilateral de las empresas para hacer lo que les venga en gana con los EREs gracias a esta reforma laboral. Además, en menor medida, en menor medida, disminuirán los ingresos que reciben por la formación, pues los cambios en materia de formación permitirán a las empresas homologadas por el Ministerio presentar directamente sus planes de formación e impartir los cursos.

A pesar de todo, los sindicatos solo son promotores y no responsables por completo de las acciones de protesta, ni esta huelga general es para apoyar a los sindicatos en su cruzada para no perder sus privilegios, como tanto se habla desde las voces críticas con la huelga, ni mucho menos a partidos políticos que asistirán como el PSOE, que dejó el país en ruinas, o los oportunistas de IU (espero que no lleven sus banderas repúblicanas ni consignas soviéticas, pues no vienen a cuento). Como podéis apreciar con todo lo dicho anteriormente sobre la reforma laboral, esta huelga es mucho más.

No es una huelga contra España como proclaman muchos medios de derechas, sino una huelga en contra del atentado que supone esta reforma para los derechos laborales de todos los ciudadanos. Tenemos un gobierno que juega a enfrentar a trabajadores-parados-pequeños empresarios, pensando que así mientras tanto no miraremos para arriba, a los beneficiarios y propulsores de esta crisis, empresas con record de beneficios, salarios más altos que nunca para sus directivos, una evasión fiscal jamás vista..¿y los sacrificios son para los de abajo? La gente saldrá a la calle el 29 de Marzo para defender sus derechos y las injusticias de esta estafa que solo aumenta la brecha de desigualdades ya existentes, cada día más gente se da cuenta de que esta crisis es provocada y se escribe más sobre ello, que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres...una crisis que está exterminando nuestra clase media que ahora abarrota los comedores sociales en busca de algo que llevarse a la boca.
Si en plena Gran Depresión en EEUU se hicieron más de 4000 huelgas en un año, ¿porque nos quieren tachar de enemigos y de dar mala imagen por ir a la huelga general? Será que encima de pobres y sin futuro, nos quieren calladitos y sumisos.

Entre los que rechazan la huelga general del próximo 29 de marzo se encuentra el "gurú" Leopoldo Abadía, que ha comentado en twitter: "Cuándo leo una pancarta con "Queremos empleo ya" significa: queremos que alguien se juegue su dinero para darnos trabajo ya. Al pan,pan..." parece que olvida varias cosas de gran trascendencia:
  • 3. Todo lo que se podría hacer con el dinero que se pierde con el fraude fiscal, dinero escondido en cuentas secretas de paraísos fiscales, una práctica muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme, Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español no ingresa. Esta cantidad casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto a la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado de Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Lo más sorprendente de todo es que, el 80% de la plantilla de Hacienda se dedica a investigar solo a pequeños empresarios.
  •  4. Tenemos un mercado global de bienes y servicios, pero los derechos laborales no son globales. El problema no reside en que no seamos competitivos, pues no se puede competir con aquellos países en los que las condiciones laborales son ínfimas, o en los que no existe ninguna legislación que proteja el medio ambiente o los derechos humanos. Si las empresas tienen libertad de establecerse en cualquier lugar del mundo, atendiendo a criterios exclusívamente económicos, deberían existir ciertas leyes universales que protejan a los trabajadores sea cual sea el país al que pertenezcan.
  • 5. La lacra de la corrupción inherente a España en las administraciones públicas e instituciones políticas nacionales, regionales y locales. El cobro de sobornos, el reparto de favores y el abuso del poder público están generalizados entre los políticos a nivel nacional, día tras día saltan a los medios casos como Nóos, Gürtel, Mercasevilla...etc., si se tirase de la manta a saber cuántas corruptelas saldrían a la luz en cada región, pues sin incentivos controladores y sancionadores resulta difícil contener estas prácticas. 
  • 6. La gran estafa que está ocurriendo en las cajas de ahorros, responsables de la burbuja inmobiliaria con sus inversiones y su facilidad para dar créditos sin medir el riesgo, los escándalos por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de sus incompetentes gestores, las artimañas de los partidos para acaparar sus consejos de dirección para fines políticos, y la sangría que están suponiendo sus rescates para las arcas del estado.
Estas no son más que algunas de las muchas razones por las que, junto con las anteriormente expuestas en el breve análisis de la reforma laboral, no podemos tolerar los sacrificios y la disminución de nuestros derechos que nos impone el gobierno Español, pero ¿servirá de algo la huelga general? Nuestro popular presidente Mariano Rajoy ya ha dicho que no, y tiene toda la razón, pues una huelga aislada no soluciona nada, es tan inútil como las manifestaciones los domingos mientras los políticos andan de barbacoa. Habrá que hacer mucho más para enderezar el rumbo de nuestro nuevo gobierno, que peor no ha podido comenzar.

Aunque, pensándolo bien, si después de esta reforma sacan otra en la que el despido sea gratis, se amplíe la jornada laboral a 18 horas, se reduzcan los salarios un 95%, se baje la edad mínima para trabajar a los 12 años y además añada el derecho de pernada para el jefe de turno entonces si que habrá mucho más trabajo ya que todas las fabricas Chinas, Brasileñas y del Este de Europa se trasladarán a España.

¿Es eso lo que queremos? No hay excusas para no hacer huelga.

martes, 6 de marzo de 2012

Deslocalización, el sometimiento obrero al Neoliberalismo.


La deslocalización se entiende popularmente como aquel proceso por el que una empresa traslada su actividad a países con menores costes para aprovecharse de esas reglas de juego diferentes que le hagan aumentar sus beneficios a escala global.
La deslocalización es un fenómeno que no deja indiferente a nadie, constituye una parte fundamental del proceso de globalización neoliberal en el que nos hayamos inmersos. Al igual que los gobiernos han perdido gran parte de su poder de decisión a favor de las grandes corporaciones empresariales, ahora también lo están haciendo los trabajadores. Uno de los casos más significativos lo representan los trabajadores alemanes de Siemens, que han aceptado volver a la jornada laboral de 40 horas ante la amenaza de ésta de establecerse en otro país 

Los defensores del sistema de mercado piden a las autoridades políticas que actúen de forma que no ahuyenten a las empresas establecidas, es decir, que se aumente la flexibilidad laboral, que se ofrezcan mas subvenciones o que se mejoren las condiciones fiscales. Todas estas medidas suponen un empeoramiento de las condiciones laborales y una pérdida de ingresos para las arcas del Estado y en definitiva, para el sistema de protección social, lo que precisamente ocurrirá en España con la reforma laboral del nuevo gobierno del PP. 

Las naciones tienden a competir entre ellas para ofrecer mejores condiciones a los inversores, y eso va en detrimento de la clase trabajadora, que, o tiene que renunciar a parte de sus derechos, o simplemente nunca llegará a tener un trabajo digno, como ocurre en muchos países emergentes receptores de Inversión Extranjera Directa.


El problema laboral se halla más en un ámbito mundial que nacional, no reside en que no seamos competitivos, pues no se puede competir con aquellos países en los que las condiciones laborales son ínfimas, o en los que no existe ninguna legislación que proteja el medio ambiente. Si las empresas tienen libertad de establecerse en cualquier lugar atendiendo, naturalmente, a criterios exclusivamente económicos, deberían existir ciertas leyes universales que protejan a los trabajadores sea cual sea el país al que pertenezcan. Al igual que parece lógico pensar que, si vivimos en un mundo donde los mercados (tanto financieros como de bienes y servicios) están globalizados, también lo deberían estar las legislaciones laborales y fiscales, algo que parece utópico e imposible de llevar a cabo sin un gobierno mundial o unas instituciones internacionales que se encarguen de aplicar unas normas internacionales y unas reglas de comportamiento mundial, sin ello, las multinacionales pueden seguir actuando como hasta ahora, sin que nadie les pueda poner freno y amasando beneficios exponencialmente, en detrimento de los trabajadores.
Pero existe la dificultad de que no se puede imponer esto a todos los países pues, éstos son soberanos y decidirán según sus intereses, y siempre existiría un mercado paralelo con diferentes reglas de juego que afectaría a la estabilidad de un mercado regulado y estable, por lo que se podría hacer una división entre países democráticos y no democráticos, con sus diferentes mercados, esto ya lo explicaré en otra ocasión.


Existen numerosas críticas desde aquellos países receptores y en teoría beneficiados por el proceso de deslocalización. Mientras que los trabajadores occidentales creen que con la deslocalización ellos son los más perjudicados, y que los más beneficiados son los países receptores de esas industrias, la realidad podría ser muy diferente. Es cierto que la inversión extranjera ha aportado crecimiento económico a estos países, pero no se trata de un crecimiento sostenible ni equilibrado.

Si la legislación y las políticas reguladoras de estos países no son las adecuadas, las empresas, a menudo multinacionales, pueden originar subidas de precios en bienes y servicios básicos, aprovechando su posición de dominio y dificultar el acceso a los mismos a las capas más pobres de la sociedad. Otra fuente de preocupación para los países receptores es la expulsión del mercado de las empresas nacionales, sectores como la banca o el comercio minorista han visto minada la viabilidad de sus negocios ante la presencia de empresas extranjeras.
Las exigencias sociales, laborales y medioambientales de los países receptores suelen ser, en ocasiones, muy escasas o nulas. Esto puede hacer que la contaminación del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales sea excesiva, y que las condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo dejen mucho que desear.

Las regiones con una democracia débil, es dónde mejor se mueven estas multinacionales, y gracias a su tamaño supranacional y la desregulación de las últimas décadas, especialmente de las transferencias del capital, estas empresas han acumulado más poder que los propios países democráticos occidentales con supuestas democracias fuertes, poniendo contra las cuerdas a los gobiernos europeos teniendo éstos que suavizar sus medidas reguladoras en el tema laboral y medioambiental acercándolos a los de los países emergentes, con la excusa de la productividad y en nombre siempre de la competitividad de un mundo cada vez más globalizado. Además hacen que las empresas locales no puedan competir con estas empresas deslocalizadas y tengan que cerrar, aumentando aún más el desempleo.

Este fenómeno ha afectado hasta ahora a los sectores de la industria manufacturera, pero tiende a extenderse hacia los servicios apoyándose en las tecnologías de la información y de la comunicación que permiten el traslado de procesos administrativos a países con menores salarios. Ejemplo de ellos son los denominados “calls centers”, de las empresas de telefonía, o las secciones de aplicaciones y tratamientos informáticos de estas mismas empresas, de las líneas aéreas o de los bancos.

Un ejemplo de la deslocalización en España es el de la empresa Delphi Automotive System, empresa lider del mercado mundial de componentes para la industria del automóvil, con un nivel de ventas superior al PIB de un país como Dinamarca.

Pese a que la facturación se mantuvo estable durante los últimos años, la corporación estadounidense optó por cerrar su factoría en Puerto Real (Cádiz), alegando que se habían registrado pérdidas por valor de 150 millones de euros en los últimos cinco años.
Expuesta así la situación parece lógico que la multinacional tuviera que cerrar su factoría en Puerto Real, pues ¿qúe empresa puede saportar semejantes costes durante tanto tiempo? Sin embargo, lo que ocurre realmente es que, las empresas transnacionales, Delphi entre ellas, pueden hacer aparecer pérdidas o beneficios allí donde más les convenga, utilizando para ello, entre otros procedimientos, los llamados “precios de transferencia”, un mecanismo que consiste sencillamente en facturar entre los diferentes nudos de la red a precios de libro en lugar de a precios de mercado. Así, si en el interior de la propia red Delphi, la factoría de Cádiz compra cualquier tipo de input a una factoría de Delphi alemana a un alto precio y luego vende lo producido a un bajo precio a un centro de la propia empresa en Polonia, estará generando beneficios extraordinarios en Polonia y pérdidas en España.

Lógicamente la corporación busca maximizar sus beneficios en su conjunto y para ello factura internamente de modo que, por ejemplo, en los sitios con impuestos sobre las ganancias más elevados se tengan menos beneficios o que en los lugares con problemas de empleo y con gobiernos dispuestos a dar subvenciones aparezcan pérdidas.
Esto es una práctica bien conocida y practicada con absoluta generalidad por este tipo de empresas.

Esto no es más que un ejemplo de las brutales deslocalizaciones que se vienen dando en los últimos tiempos en la vieja Europa, Japón y Estados Unidos.

La falta de unas instituciones internacionales democráticas y transparentes, pues, el FMI y el BM carecen de ambas cosas, favorece que los intereses de las empresas primen por encima de los de los ciudadanos de los países, permitiendo que en el mismo mercado global participen empresas con diferentes reglas de juego, lo que hace que quienes practiquen la explotación de los trabajadores o perjudiquen seriamente al medio ambiente salgan ganando, algo totalmente inaceptable, ya que no debe permitirse que la competitividad se base en la falta de derechos humanos y laborales.  Estamos en un punto donde la desregulación del capital supone una ventaja para la deslocalización de las empresas, es la época de la segunda globalización y de la gran convergencia, las diferencias del mundo occidental disminuyen con el resto, pero no a costa de elevar el nivel de vida de estos países con respecto a nosotros, sino principalmente, de disminuir el nuestro.

En cambio, la brecha de desigualdad entre las rentas más altas con las más bajas cada vez aumenta más, una pequeña élite mundial saca partido de esta crisis y de las reglas de juego impuestas mientras se precariza la situación laboral y social del resto del mundo, sin un mercado global regido por unas normas que acaten todos los agentes económicos y que favorezcan la distribución de los beneficios entre todos y un desarrollo sostenible, bajo la supervisión de unas instituciones mundiales democráticas y transparentes.  

Sólo un control democrático a escala mundial podría administrar eficientemente este fenómeno de forma humanamente deseable y favoreciendo a los peor dotados del planeta, rechazando toda forma de explotación. 
¿Cuánto durará esta convergencia antidemocrática?

sábado, 25 de febrero de 2012

Decrecimiento, vivir mejor con menos

Hace poco tuve la oportunidad de ver en clase el documental “Compra, tira, compra” que trata sobre la obsolescencia programada, una práctica que consiste en fabricar productos para que tengan una fecha límite de uso, acortar su vida útil para que fallen y compres otro producto con la intención de incentivar de esta forma el consumo y el empleo. Los orígenes de la obsolescencia programada se remontan a 1932, con la creencia de que esto daría un empujón a la economía y saldrían así de la Gran Depresión,lo que resulta un planteamiento erróneo, pues en épocas de recesión el consumo privado no tira de la economía, ya que las personas no gastan más, sino que se limitan a resguardarse ante posibles problemas y disminuyen su consumo.

La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo. Un tratado internacional prohíbe esto, pero los mercaderes usan un sencillo truco, declarar productos de segunda mano productos que en realidad van a la basura, convirtiendo África en el vertedero de Occidente, donde miles de hombres, mujeres y niños rebuscan en estos vertederos electrónicos en busca de piezas de metal que puedan vender,
Este tipo de despilfarro no puede sostenerse indefinidamente, hoy sabemos que los recursos naturales y energéticos con los que cuenta el planeta son limitados y pronto no habrá espacio para tantos residuos.

La obsolescencia programada es un modelo de negocio malo para el usuario y el medio ambiente, no existe un mundo ecológico y otro de los negocios, separados uno del otro, sino un mundo con recursos limitados, por lo que el negocio y la sostenibilidad deben ir de la mano.



Al final del documental aparece la cuestión que quiero abordar, el “decrecimiento”, una corriente de pensamiento político, económico y social cuyos defensores abogan por una economía sostenible y no por un crecimiento ilimitado a costa del despilfarro de recursos, puesto que los recursos no son ilimitados, por lo que debemos reducir nuestra huella ecológica, el despilfarro y la sobreproducción. No se trata de un concepto en negativo, sería algo así como cuando un río se desborda y todos deseamos que ‘decrezca’ para que las aguas vuelvan a su cauce.

Según Serge Latouche, economista Francés partidario de decrecimiento y una de sus caras más conocidas, “Más que construir una sociedad alternativa concreta, el decrecimiento implica desaprender, desprenderse de un modo de vida equivocado, incompatible con el planeta. Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de organización social y económica".
Posibles caminos que Serge Latouche […] intenta resumir de manera gráfica y parcialmente en su programa de las 8 R: Revaluar (revisar nuestros valores: cooperación vs competencia, altruismo vs egoísmo, etc.); Recontextualizar (modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, evidenciando la construcción social de la pobreza, de la escasez, etc.); Reestructurar (adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de valores); Relocalizar (sustentar la producción y el consumo esencialmente a escala local); Redistribuir (el acceso a recursos naturales y las riquezas); Reducir (limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera); Reutilizar (contra el consumismo, tender hacia bienes durables y a su reparación y conservación); Reciclar (en todas nuestras actividades)

No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Cada vez resulta más claro que la eficacia económica no sirve para resolver los problemas ambientales, además hemos de tener en cuenta el efecto rebote: aunque disminuye el impacto en el consumo de recursos por de producto, en términos absolutos este consumo incrementándose. Se fabrican coches de bajo consumo y gasolina sin plomo, pero aumenta el número de coches, de kilómetros recorridos y de autopistas; se generaliza el uso de bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, pero aumenta el gasto eléctrico y el número de electrodomésticos por familia.

Los países del Norte vivimos derrochando los recursos que la naturaleza conservó durante millones de años, haciendo disminuir cada vez más la biodiversidad e impidiendo el acceso igualitario de la población a estos bienes. La crisis ecológica se hace patente en el agotamiento de los recursos naturales (materias primas y combustibles fósiles), en la destrucción y fragmentación de los ecosistemas y en el desbordamiento en cuanto a niveles de contaminación de los sumideros; al ritmo de consumo actual nos queda petróleo para 40 años, uranio para 70... y los efectos globales de la contaminación cada vez son más alarmantes: cambio climático, etc.

El economista Simon Kuznets, premio Nobel de economía en 1971 por sus labores en el estudio del crecimiento económico, ya nos advirtió en los años 60 al señalar que "hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costes y sus beneficios y en el plazo corto y el largo. [...] Los objetivos de "más" crecimiento deberían especificar de qué y para qué".

Este enfoque del decrecimiento choca contra la máxima de los gobiernos que nos recuerdan día tras día en plena crisis que "el crecimiento es lo primero".

Para los partidarios de esta alternativa, la palabra decrecimiento parece más adecuada que el término desarrollo sostenible porque su significado es claro: sólo hay un camino posible, vivir con menos, y el reto está ahora mismo en “vivir mejor con menos”, en la sociedad de consumo actual se crea un producto nuevo cada 3 minutos pero, ¿Es necesario todo lo que compramos? ¿Es el decrecimiento el camino hacia la sostenibilidad?

lunes, 2 de enero de 2012

Globalización Versus Occidentalización

¿ Es la globalización realmente una maldición occidental? Con está pregunta empieza el que definen entre los economistas como “la conciencia moral de la profesión económica” Amartya Sen, en su libro Primero la gente, la mejor interpretación de la globalización que he tenido la oportunidad de leer, y que, junto a unas reflexiones sobre la equidad de Bernardo Kliksberg incluidas en el mismo libro, me parece oportuno compartir.

A lo largo de miles de años, la globalización ha contribuido al progreso del mundo a través de viajes,de migraciones, del comercio, de la difusión del conocimiento y la comprensión, de la cultura. La alta tecnología en el mundo al año 1000 de la era cristiana abarcaba, entre otras cosas, el papel, la imprenta, la ballesta, la pólvora o la carretilla, que eran inventos de uso difundido en China, pero practicamente desconocidos en otros lugares, y que la globalización dispersó por el mundo. Lo mismo ocurrió con la influencia de oriente sobre las matemáticas y la ciencia muchos siglos antes.
Los agentes de la globalización no son exclusivamente europeos ni de occidente, pues Europa hubiese sido mucho más pobre y atrasada si se hubiese opuesto en aquellos momentos a estos avances, por lo que carece de sentido que hoy otras zonas del mundo se opongan a la globalización de la ciencia y de la tecnología por estimar que representan el imperialismo occidental, en vez de aprobecharse de las contribuciones positivas que ello conlleva. Confundir globalización con occidentalización conduce a distraer la atención de los muchos beneficios potenciales de la integración global.

Hay evidencias suficientes de que la economía global ha aportado prosperidad a numerosas y diferentes áreas del globo, las experiencias de Europa, Norteamérica, Japón y el Sudeste Asiático tienen importantes mensajes para las demás regiones. No podemos revertir la dificil situación económica de los pobres en el mundo impidiéndoles el acceso a las grandes ventajas de la tecnología contemporánea, a la eficiencia sólidamente establecida del comercio e intercambio internacionales y a las ventajas sociales y económicas que brinda la vida en una sociedad abierta.
Es dificil lograr prosperidad económica sin recurrir a las oportunidades de intercambio y de especialización que ofrecen las relaciones de mercado, aún cuándo la economía de mercado resulte muy defectuosa, no hay manera de prescindir de la institución de los mercados como poderoso motor de progreso económico. Los resultados del mercado se encuentran considerablemente influenciados por las políticas públicas en materia de educación, sanidad, reforma agraria, facilidades de crédito, protecciones legales apropiadas, etc., y en cada uno de estos ámbitos hay trabajo por hacer que puede alterar radicalmente el resultado de las relaciones económicas locales y globales que resultarían de un capitalismo extremo. 

El tema central del debate no reside en la globalización en si misma, ni tampoco en el recurso al mercado como institución, de lo que se trata principalmente es de cómo dar buen uso a los notables beneficios del intercambio económico y del progreso tecnológico en una forma que preste la atención debida a los intereses de los más desfavorecidos y vulnerables.

El principal desafio está vinculado a la desigualdad, a la falta de equidad en el balance general de los arreglos institucionales, tanto entre los países ricos y pobres como entre los diferentes grupos dentro de los países , que da lugar a una distribución muy desigual de los beneficios de la globalización.
Aún si los pobres se enriqueciesen tan solo un poco, esto no significaria necesariamente que están obteniendo una participación justa en los beneficios potencialmente enormes de las interrelaciones económicas globales. La cuestión no está en saber si los pobres también se benefician de la globalización, sino saber si obtienen una participación equitativa y unas oportunidades justas. Esto normalmente es dificil de ver si nos fijamos en los promedios de ciertas magnitudes, como puede ser el PIB per cápita, pues caemos en “la tirania de los promedios” ya que no revela las desigualdades existentes, pues como ha ocurrido es posible que el PIBpc aumente pero al mismo tiempo se incremente la brecha de equidad entre los diferentes estratos de la población. Esto es lo que ha pasado en los diferentes países donde se ha implementado el experimento liberal, una política económica a la que Amartya Sen se refiere como "sangre, sudor y lágrimas" por todo el sufrimiento humano que ha ocasionado allí por donde ha pasado.

En el establishment de economistas hay quienes defienden a capa y espada las “funcionalidades” de las desigualdades. Acostumbran a señalar que contribuyen a acumular capitales en ciertos grupos, que luego reinvertirán y acelerarán el crecimiento, o que son una etapa obligada del progreso. El Banco Mundial, escenario frecuente de controversias, considera desde 2004, tras evaluar los resultados de las experiencias ortodoxas de latinoamérica y el sudeste asiático, que “La mayoría de los economistas y otros especialistas sociales considera ahora la desigualdad como un posible freno para el desarrollo, ha sido un concepto equivocado la idea de que se puede crecer primero y preocuparse por la distribución después”. Esto es algo que parecen ignorar otras instituciones como el FMI o la OCDE, así como economistas y políticos que siguen equiparando prosperidad y crecimiento del PIBpc a pesar de la ineficiencia de las políticas que vienen impulsando desde las últimas tres décadas.

El economista Simon Kuznets, premio Nobel de economía en 1971 por sus labores en el estudio del crecimiento económico, ya nos advirtió en los años 60 al señalar que "hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costes y sus beneficios y en el plazo corto y el largo. [...] Los objetivos de "más" crecimiento deberían especificar de qué y para qué".

Las dimensiones que deberían tenerse en cuenta para saber si una sociedad se favorece de la globalización, junto a los indicadores económicos usuales, aspectos que tienen que ver con el desarrollo social, el desarrollo ambiental, el acceso a la cultura, las libertades y la construcción de la ciudadanía, siendo un eje fundamental de todo ello la educación y la sanidad, la equidad no debe centrarse solamente en cuestiones de ingresos, sino en el acceso a oportunidades,que inciden de una forma más fuerte y directa sobre el desarrollo de las sociedades.

La globalización merece una defensa razonada, pues los puntos señalados por los que protestan por ello no son siempre sensatos, pero también requiere una reforma necesaria para que sus beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad. ¿Será este 2012 el año en que el mundo, en especial occidente, deje de lado la ortodoxia dominante y asuma los retos de la globalización para caminar hacia un desarrollo humano sostenible del que puedan participar todos sus ciudadanos? 


sábado, 24 de diciembre de 2011

Desarrollo insostenible, irresponsabilidad política

La Cumbre del Cambio Climático en Durban de este año se presentaba para muchos con un interrogante que puede parecer lógico en un primer momento.
¿No convendría esperar un poco y afrontar el desafío climático cuando hayamos resuelto la crisis de la deuda en Europa, cuando el crecimiento se haya reanudado?
La respuesta es no, actuamos a contrarreloj, el tiempo es clave ya que el cambio climático avanza y corre el riesgo de descontrolarse, agravando todo tipo de catástrofes naturales e incidiendo negativamente sobre la vida de millones de personas.
Los costes futuros de no luchar contra el cambio climático superarán por mucho a los que debemos afrontar para aminorar sus devastadoras consecuencias.

Después de 17 años de conversaciones, las naciones parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no han logrado frenar el aumento de las emisiones de carbono. En este periodo las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 49% a nivel mundial.
Las negociaciones se remontan a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992 organizada por la ONU.La Conferencia fue la oportunidad de adoptar un programa de acción para el siglo XXI, llamado Programa 21, que desde entonces es la referencia para la aplicación del desarrollo sostenible en los países.
La Conferencia de Río fue también testigo de la aprobación de la Convención sobre el Cambio Climático, que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que condujo a la firma en 1997 del Protocolo de Kyoto, que expira en 2011. 

Dos años después de la Cumbre de Copenhague, donde se acordó como objetivo prioritario evitar la subida de la temperatura del planeta más de dos grados, con los datos en la mano vemos que su fracaso ha tenido como consecuencia un aumento en las emisiones globales en más del 5% en 2011.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que las emisiones se acercan peligrosamente al limite de 32.000 toneladas de CO2 que no se debe rebasar en 2020 si se quiere evitar el aumento de más de dos grados de temperatura. Los científicos estiman que, con las promesas de reducción de CO2 sobre la mesa, la temperatura media del planeta pegara un brinco de entre 3 y 3’5 grados hacia final de siglo, en algunos países, como España, esta subida media podría traducirse en seis grados más en 2100.

A Durban se llegaba con la enorme necesidad de firmar un segundo Protocolo de Kyoto, ante lo que se presentaban varios debates.
El Protocolo de Kyoto integra una radical distinción entre países desarrollados y países en desarrollo, exigiendo compromiso y actuación solamente a los primeros. Sin embargo, los cambios producidos en la economía mundial durante las dos últimas décadas están difuminando cada vez más tal distinción, pues países como Corea del Sur, Brasil, China o India, ahora son grandes economías exportadoras con industrias competitivas, y no tienen nada que ver con los países que eran en 1990. 
La AIE estima que, hasta 2035, el 90% del aumento de la demanda de energía se producirá en países no miembros de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, es decir, en los países emergentes. 
Por tanto, el mundo no puede combatir eficazmente el cambio climático sin el compromiso de estos países, al igual que sin Estados Unidos, que no llegó nunca a firmar el protocolo de Kioto a pesar de ser el país más contaminante del mundo y la principal potencia económica mundial.

En el debate está presente también las cuestión de las “emisiones históricas”, pues, el cambio climático es consecuencia de las suma de las emisiones causadas por las liberaciones de carbono hechas desde el s.XX. Entre 1900 y 2008 Estados Unidos liberó a la atmósfera alrededor de 337.000 millones de toneladas de CO2, mucho más que cualquier otro país. China emitió unos 117.000 millones en el mismo periodo. Ahora está en como pedirle a los demás países que no tomarse el lujo de igualar las emisiones históricas de estados unidos para crecer.

Tras la cumbre de Durban, convención a la que no han ido primeras espadas de ningún país, lo que demuestra el interés de nuestros gobernantes en este tema tan prioritario para todos, los representantes de los gobiernos del mundo han acordado poner en marcha en 2020 unas negociaciones para un tratado que determine una serie de objetivos a alcanzar para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático que abarque a todos los países, algo que será devastador, ya que no es lo mismo comenzar a reducir emisiones en 2012 que en 2020.

Países como Japón, Canadá y Rusia, adheridos al protocolo de Kyoto han dejado claro que no tienen intención de firmar un segundo tratado vinculante de reducción de emisiones. Los motivos en los japoneses son el terrible terremoto y tsunami que han asolaron el país en marzo de este año, mientras que Rusia y Canadá, presumiblemente lo hacen para no rendir cuentas por sus yacimientos petrolíferos. Habrá que ver la disposición de todos los países a firmar un nuevo tratado llegado el momento, en 2020.

La Unión Europea parece ser el principal valedor del protocolo de Kioto, junto con los países más afectados por el cambio climático, pero un segundo periodo de Kyoto en el que solo este la UE, que representa el 11% de las emisiones globales, es claramente insuficiente.

Los patrones cambiantes de las lluvias, deshielo de glaciares, aumento en el nivel del mar, las sequías más largas y severas, las inundaciones y el aumento de las temperaturas, están teniendo un impacto devastador en especies animales y vegetales que pasan por un momento de supervivencia crítico y sobre todo en la vida de millones de personas, principalmente en las que tienen menos recursos y son más vulnerables, porque los países menos desarrollados son los que tienen menos medios para responder a las catástrofes.
A pesar de que muchas zonas del mundo, como por ejemplo América Latina y el Caribe o África no son de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, si son de las zonas más afectadas por sus consecuencias.

Desde el Cuerno de África y el sudeste asiático hasta Rusia y Afganistán, en este año 2011, inundaciones, sequías  y calores extremos han sumido a millones de personas en la hambruna y la pobreza. En Estados Unidos, el año pasado sufrieron 14 desastres relacionados con el cambio climático, que costaron cada uno más de 1.000 millones de dólares.

En 2010 la Organización Meteorológica Mundial, portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, ya relacionó el calentamiento global con la ola de calor de Rusia y las inundaciones en China y Pakistán de ese mismo año.


Sin avances significativos ni una hoja de ruta clara para abordar el peligroso cambio climático. Podemos seguir engañándonos y seguir con el rosario de cumbres fallidas, sin preguntarnos a que se debe que se incumplan todas las promesas y objetivos firmados.
Estas actitudes no son accidentales, son causa de intereses del cabildeo corporativo al que pertenecen las industrias energética, química, farmacéutica, e incluso a nuevos sectores de seguridad y especializados en catástrofes, como empresas dedicadas a la reconstrucción o a la ayuda humanitaria, que cada vez más se están convirtiendo en un negocio. Los jefes de Estado y negociadores están más preocupados por la reconfiguración de los intereses geopolíticos a escala mundial donde predominan la lucha por los recursos naturales y una carrera por el crecimiento que por el oscuro destino del planeta.


La mayoría de los países pobres están en las zonas calientes, entre los trópicos de cáncer y capricornio, enfrentarse al calor, además de los problemas que trae, es caro. Estos países necesitan, por ejemplo, plantas de desalinización y infraestructuras para trasladar el agua potable, o invertir más en vacunas, para luchar contra las grandes poblaciones de insectos que transmiten enfermedades.


El Panel Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) ha pronosticado que para la década de 2050, hasta 800 millones de personas en África (el 40% de la población) tendrá dificultades para acceder al agua. En América Latina se propagarán epidemias y en Asia, hasta 132 millones de personas es posible que se sumen a las que ya pasan hambre.

Reducir la contaminación es un asunto muy caro, y los países pobres no tienen la misma capacidad que los ricos para ello. Pocos países pobres se pueden permitir, por ejemplo, comprar absorbedores de alta energía o instalar turbinas de viento y paneles solares en los tejados.

Desde 2005 se ha puesto en marcha el “mercado de la contaminación”, que consiste en que un país que contamine por debajo de los limites fijados por el protocolo de Kioto pueda vender sus derechos de emisión a otros países que generen más contaminación, obteniendo un claro beneficio económico de ello. EEUU, el país que más contamina del mundo con un 25% del total de emisiones de gases y solo un 6% de la población mundial se opone a ratificar este acuerdo.

El resultado ha sido que corporaciones internacionales han trasladado sus actividades más contaminantes a los países pobres, con la intención de conseguir parte de los derechos de emisiones que reciben estos países. Además los países pobres están recibiendo toneladas de basura y productos tóxicos de los países desarrollados, que se amontonan muchas veces en sus costas. África y Asia reciben anualmente 50 millones de toneladas de residuos tóxicos anualmente, según un informe de la ONU.

Esto conlleva a la contaminación de los países pobres, que acabarán siendo un poco más pobres y más sucios.

Hay un instrumento que ayudaría a soportar esta tendencia contaminante de los países pobres, los créditos de carbono. Los países ricos pueden pagar a los países pobres para que hagan algo que reduzca los gases que provocan el efecto invernadero, logrando que los países pobres sean más ricos y su aire más limpio, plantando árboles en bosques que sirven como sumideros de CO2. Esto solo aborda parte del problema, ya que existe la duda de cuánto CO2 son capaces de absorber los árboles, además los árboles no pueden absorber otros gases como dióxido de azufre o mercurio, entre otros.

También sería importante la flexibilización de las normas de propiedad intelectual aplicables a las tecnologías para reducir las emisiones de carbono, de forma que se puedan aplicar más rápidamente y con menos coste en los países en desarrollo.

En 2009 en Copenhague los países industrializados se comprometieron a financiar con 30.000 millones de dólares a las naciones en desarrollo durante el periodo 2010-2012 para que reluciesen sus emisiones y hacer frente a los estragos  del cambio climático y en la conferencia posterior de Cancún en 2010, prometieron aumentar la ayuda económica a partir de 2013 hasta 100.000 millones de dólares  al año en 2020 a través de la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima que se ha acordado poner en funcionamiento en Durban este mes, una cantidad enorme de dinero equivalente al segundo rescate de la economía griega, pero que a día de hoy, no se sabe de donde va a salir, tomando en cuenta la profundidad de la crisis financiera y económica global, será difícil llevar a la realidad las promesas.

¿Ahora bien, los problemas provocados por el cambio climático nos afectarán también a los países desarrollados o solo a los países en vías de desarrollo?

El empeoramiento de la calidad de vida en estos países provocará inevitablemente que sus habitantes emigren masivamente hacia los países en desarrollo, pero además el aire contaminado de las grandes ciudades incrementa el riesgo de sufrir un ataque al corazón e impide el correcto desarrollo pulmonar en los niños, dando pie a enfermedades respiratorias.
Las comunidades más vulnerables frente a la contaminación atmosférica son los niños, los ancianos, las embarazadas y los enfermos de las vías respiratorias.

En España, aparte del aumento de las temperaturas y de la subida del nivel del mar, nos encontramos con otras muchas razones que nos obligan a reflexionar y a tomar la decisión de "entrar en acción", como la desertización del suelo, reducción de la productividad de las aguas y la tierra, mayor riesgo de plagas y enfermedades, inundaciones, etc, que provocará grandes costes económicos y humanos.

Ante todo lo anteriormente expuesto cabe la necesidad de que todos nos concienciemos en que el cambio climático nos afecta en nuestras vidas, los costes humanos y económicos que ello conlleva, que no es un problema solamente para la pobre gente sin recursos que aparecen de forma intermitente en los medios víctimas de alguna catástrofe a miles de kilómetros de nuestros hogares.

¿Cuánto sufrimiento debe aguantar la población del planeta para que nuestros representantes dejen de mirar para otro lado y sean responsables en cuanto a las consecuencias devastadoras de no afrontar el cambio climático? 





martes, 20 de diciembre de 2011

Corrupción como modus vivendi

La protesta pública por la corrupción, la impunidad e inestabilidad económica
ha estallado en todo el mundo en 2011
, las protestas florecieron por todo el globo y en muchos países se han incrementado rápidamente de un lado a otro, desde la primavera árabe, al movimiento 15-M  o el movimiento Occupy Wall Street. Pese al despertar de la población de su estado de shock o somnolencia, lo peor está por llegar. La delicada coyuntura que afrontamos no ha hecho más que prender la mecha ante una situación que cada vez se antoja más insostenible, esto no ha sido más que el preludio de manifestaciones en masa globales que aglutinen a gente de todos los sectores de la sociedad bajo un objetivo común, que los políticos cambien el rumbo y atiendan las demandas de las personas y no de lo que llamamos “mercados”, que vienen a ser grandes corporaciones financieras y empresariales. Para ello más transparencia y la responsabilidad de nuestros líderes son necesarias.

Las redes sociales han traído consigo el conocimiento y la discusión pública de multitud de escándalos que, muchos de ellos pese a realizarse bajo la legalidad, son indecentes y eméticos. 

Podemos encontrar temas como el del gasto militar de España en misiones y lugares donde nuestra presencia cada vez tiene menos sentido, como Afganistán o Líbano, pero donde seguimos a pesar de la delicada situación financiera y la anunciada austeridad del gobierno para reducir el déficit. O de los privilegios a los que no renuncia una clase política que espera la comprensión de los ciudadanos respecto a los recortes en sus derechos, privilegios que recoge muy bien Daniel Montero Bejerano en su libro “La Casta”. 

Así mismo, esta “casta” pide unos sacrificios a los ciudadanos que desconocen las fortunas y grandes corporaciones que evaden impuestos por medio de paraísos fiscales por valor de 42.700 millones de euros en España, un 72 % del total defraudado cada año, el triple que autónomos y PYMES según los cálculos del colectivo de técnicos de Hacienda Gestha. En el terreno internacional, Estados Unidos encabeza el ranking de los países que más evaden impuestos, en 2011, en torno a 337.300 millones de dólares no llegaron al Tesoro Público estadounidense a causa de la evasión según un estudio realizado por el grupo británico Tackle Tax Havens. A nivel global, la evasión de impuestos es de 3,1 billones de dólares, lo que representa el 5,1% del PIB global. Pese a todo, inexplicablemente la mayor parte de los trabajadores encargados de encontrar dicho fraude se dedican mayoritariamente a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas.


Otro caso que sobresale especialmente en nuestro país es el de exdirectivos de las cajas de ahorros, protagonistas de la crisis en España, controladas por directivos afines o afiliados a partidos políticos que los colocan en estos puestos, causantes de la quiebra de muchas de ellas por su mala gestión y que saben que, lo único que les pasará por su incompetencia será su despido inminente y el rescate de dichas entidades con dinero público, por lo que son recompensados ante semejante hazaña con indemnizaciones y pensiones vitalicias millonarias.

Pese a estas y otras muchas corruptelas de todo tipo y casos de clientelismo favorecidos por la falta de control, transparencia y de incentivos sancionadores, España se encuentra en el puesto 31 de 183 países, con una puntuación de 6’2, según el informe de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency International, una organización independiente que se dedica a sacar a la luz la corrupción en cualquier parte del mundo. En comparación con el mismo informe en 2010 parece ser que nada hemos cambiado en este apartado.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2011 muestra que la frustración de la población está bien fundada. Ninguna región o país del mundo es inmune a la corrupción en mayor o menor grado, es más, la gran mayoría de los 183 países y territorios evaluados tienen una puntuación por debajo de 5 en una escala que va desde cero (altamente corrupto) a 10 (muy limpio).

Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia encabezan la lista, mientras que Corea del Norte, recientemente de actualidad en todos los medios por la muerte de su dictador Kim Jong-il y Somalia, que atraviesa la primera hambruna del s.XXI desde hace meses, se encuentran en la parte inferior.



En el debate de investidura (no entiendo que se le llame debate), ante las afirmaciones de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, sobre la corrupción política, nuestro recién proclamado presidente Mariano Rajoy se cerró en banda molesto ante la idea de que se generalice la relación de la posesión de un cargo público con la corrupción, pero a la vista de los acontecimientos que ven la luz día tras día en nuestro país, cabe preguntarnos ¿Es la corrupción algo frecuente en nuestros políticos y cargos públicos?