La opacidad fiscal ahoga la democracia. Paraísos fiscales.

Los paraisos fiscales suponen un grave problema para el mantenimiento del Estado de Bienestar en los países amenazando la vía más importante para financiar estos gastos que tiene un Estado, los impuestos. ¿Por qué no se les da importancia en los medios ante los recortes que estamos sufriendo?

Cada año desaparecen en el mundo miles de millones de euros que van a parar a centros financieros offshore o paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos. Se calcula que más de 8 billones de euros permanecen ocultos en paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un céntimo al erario público de sus respectivos países, aunque este es un volumen financiero difícil de cuantificar pues, para las actividades económicas que se esconden tras el abuso y el delito financiero, no es posible su observación directa por economistas y estadísticos, haciendo muy difícil la obtención de datos sobre el valor de las fortunas mantenidas en estos centros financieros offshore. El principal inconveniente es que ni los gobiernos ni las instituciones financieras internacionales parecen ser capaces de conseguir estos datos o no quieren investigar el alcance global de los paraísos fiscales

Las consecuencias son la evasión masiva de los impuestos, la resultante erosión del presupuesto estatal y una progresiva falta de respeto por la ley.

La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que aquel país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Esto es totalmente falso, pues los impuestos son la base de la convivencia social organizada, como todos sabemos, en la selva no existen impuestos. Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que necesitamos y recibimos cuando convivimos en sociedad; cuanto más desarrollada  y avanzada es una sociedad más impuestos son necesarios para satisfacer las necesidades colectivas que individualmente no podemos atender, como la educación de los hijos, la atención de la salud, la retribución en situación de desempleo, las pensiones y el cuidado de los ancianos, la seguridad pública, la disponibilidad de vías públicas... 

Actualmente los impuestos son mucho más importantes como fuente de recaudación de ingresos para los Estados de lo que eran hace años, debido a  que las otras fuentes de ingresos públicos se han reducido como consecuencia de las privatizaciones de las grandes empresas y de los bienes públicos que se han ido vendiendo para saldar los déficit presupuestarios públicos, que se habían ido creando con las rebajas de impuestos para el capital y las rentas y ello a su vez, principalmente, derivado de la idea muy difundida de que el Estado debe reducirse, debe gastar cada vez menos para que la sociedad se desarrolle más, según nos dicen. Esta es una idea egoísta que defienden siempre quienes tienen mucho dinero y mucho poder económico y social y son más insolidarios porque pueden pagarse todo, desde los hospitales privados hasta la policía particular.

Como resultado de la elusión y la evasión impositivas, tanto los países pobres como los ricos no logran recaudar importantes montantes que podrían ser empleados para combatir la pobreza y estimular el desarrollo. Ello afecta los esfuerzos nacionales e internacionales en pos del desarrollo, incluyendo el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), entre ellos, reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza y que padecen hambre, lograr la enseñanza primaria universal y detener la transmisión de enfermedades infecciosas en todo el mundo para el año 2015.

El creciente desarrollo de la economía mundial y del comercio internacional hacen que el fenómeno de la elusión fiscal alcance límites internacionales. Al igual que sucede en los supuestos de elusión fiscal interna, el resultado de los mecanismos elusivos utilizados por los contribuyentes atenta contra el principio de justicia tributaria, pero con la variante de que el efecto no se dirige en un sólo sentido sino que afecta a varios sistemas tributarios. En otras palabras, si en la elusión fiscal interna se transgrede el principio de justicia tributaria y, en palabras del Tribunal Constitucional, lo que "unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o menos posibilidad de defraudar.", en los supuestos de elusión fiscal internacional se afecta dicho principio pero no en relación con sujetos sino con las finanzas de los diferentes Estados, ya que lo no percibido por uno será un ingreso para otro.

El colmo de la liberalización financiera lo ejemplifican algunos paraísos fiscales del Pacifico. Hace unos años, las islas Marshall y Niue, habían establecido unos curiosos acuerdos de asociación por los que un agente externo controlaba la autorización para acceder al mercado financiero de las islas, asumiendo funciones básicas de regulación, que nominalmente son responsabilidad de un Gobierno; en las islas Marshall la supervisión de las operaciones financieras extraterritoriales estaba en manos de Reston, una filial de una compañía multinacional de Virginia, mientras en el paraíso fiscal de Niue estaba controlado por un despacho de abogados de Panamá; y había también sistemas similares en algunos otros paraísos fiscales del Caribe.

Está claro que estas privatizaciones sobre lo que tendría que ser el control del Estado sobre el capital son una muestra de la función que desempeñan los centros financieros offshore como paradigma de desregulación o de Estado mínimo, de minimización del poder político respecto a los mercados financieros.

Mientras, por un lado, esa desregulación constituye su mayor atractivo para el capital financiero cualquiera que sea su origen licito o ilícito; por otro, representa una sutil o más bien descarada presión sobre los Estados decentes para que cedan a los programas de mayor reducciones fiscales y de liberalización de servicios públicos de los grupos sociales dominantes. Más aún, generalmente se ignora que muchas de las grandes operaciones financieras y de comercio marítimo se apoyan en filiales o sociedades vinculadas al grupo o corporación actuante, registradas en paraísos fiscales para diluir riesgos económicos, cuando no responsabilidades, de modo que llegado el caso la autoría nunca logre  ser depurada por  los tribunales, como sucede con la investigación sobre el hundimiento del Prestige asociado a Liberia, las Bahamas, Liechtenstein y Suiza.

Otras veces, las sociedades instrumentales en offshore permiten burlar la legislación estatal como pusieron de manifiesto en 2004, las investigaciones del Congreso y la SEC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense, en relación con Halliburton, la conocida corporación de servicios petroleros del Vicepresidente Cheney que, pese a las prohibiciones, realizaba ventas de equipos para la industria petrolera de Irán mediante su filial.

Las investigaciones policiales y judiciales suelen caer en la trampa de intentar seguir las huellas del camino que han transitado los capitales, peregrinando de un lugar a otro. Y en ese intento de seguir las huellas de los flujos financieros que, nacen, transitan y/ó finalizan, en los centros financieros extraterritoriales, los paraísos fiscales, con frecuencia terminan perdiéndose en los laberínticos vericuetos hacia los que se han dirigido, como sucede en la kafkiana maraña de procedimientos burocráticos que las peticiones de los jueces europeos tienen que seguir en el Principado de Liechtenstein  para obtener datos relativos a denuncias presentadas en Francia, Alemania o España, como reveló la investigación llevada a cabo por el Parlamento francés hace unos años.

Y así, mientras periodistas, jueces y policías se afanan buscando rastros entre fatigosas montañas de documentos, el dinero corre por todo el mundo a golpe de ordenador, buscando beneficios inmediatos, aprovechando los tipos de interés altos en uno u

otro país, comprando y vendiendo acciones que no tienen nada que ver con el valor de las empresas que las han emitido, especulando sobre propiedades inmobiliarias, en materias primas o en recursos naturales escasos. El dinero fácil y abundante para especular destruye así la producción real, agrava la depredación ecológica, condena a la miseria a millones de personas en los países del Sur, facilita el tráfico de influencias, la evasión fiscal, el tráfico de drogas y de armas, y la financiación del terrorismo; y todo ello mediante sociedades interpuestas, creadas ex profeso en los paraísos fiscales extraterritoriales.

A nivel general, existen siete tesis contra los paraísos fiscales, que se abordan de manera extendida en este libro de ATTAC “El transfondo de los paraísos fiscales": (aquí os dejo el enlace al blog de su autor, Juan Hernández Vigueras, por si os interesan otros libros que ha escrito sobre este tema)

1. Reducen los ingresos fiscales y las prestaciones sociales.

2. Ofrecen impunidad para la delincuencia de corbata.

3. Hacen vulnerables a las democracias.

4. Incentivan la especulación y la inestabilidad financieras.

5. Amparan la irresponsabilidad en la gestión marítima.

6. Contribuyen al empobrecimiento del Sur.

7. Facilitan la financiación de grupos terroristas.

El Grupo Extraterritorial de Supervisores Bancarios (OGBS)Animados por el Comité de Basilea, en 1980  los propios paraisos fiscales crearon sus propias agrupaciones para defender sus intereses e influir en los organismos internacionales defendiendo la máxima libertad de los movimientos transnacionales de capitales. Surgió así el Grupo Extraterritorial de Supervisores Bancarios u Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS), integrado en 2003  por 19 miembros, todos significativos paraísos fiscales  de la lista de la OCDE. Y desde 1981, la presidencia del Grupo corresponde al británico Colin Powell, que es el Presidente (chairman) de la Jersey Financial Services Commission, el organismo al que compete la regulación de los servicios financieros de la isla de Jersey, uno de tantos poderes ocultos y muy influyentes aunque no tenga

gobierno conocido.  Interesante, ¿verdad? Pues en internet, se dispone de muchas páginas en inglés donde se detalla casi todo.

El G20 solicitó a las instituciones financieras internacionales y a las organizaciones intergubernamentales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE y ONU) elaborar un informe que diera cuenta de las prioridades contenidas en el pilar sobre “movilización de recursos domésticos” aprobado en Cumbre de Seúl de noviembre de 2010.

La versión final del informe, titulado “Apoyar el desarrollo de sistemas tributarios efectivos” fue presentada a los líderes del G20 en la Cumbre de Cannes ,en noviembre de 2011. El informe también reconoce que “el traslado de ganancias de las empresas multinacionales es una preocupación creciente” y que “las preocupaciones acerca de potenciales pérdidas tributarias ocasionadas por la manipulación de precios de transferencia son compartidas por países en desarrollo y desarrollados por igual”.

El G20 instó a las empresas multinacionales a mejorar la transparencia y a cumplir totalmente con las leyes tributarias vigentes. Aunque esto no incluye una mención explícita a requerir información financiera desglosada país por país, tal como promueven  las organizaciones sociales

Sin embargo, no se incluyen referencias a la necesidad de transparencia del beneficiario efectivo de las cuentas y las acciones.  Este es un tema crucial que tiene un fuerte impacto en las acciones para enfrentar el lavado de dinero y los flujos ilícitos de capitales

La Red por la Justicia Fiscal(TJN) ha llamado a las empresas a suministrar detalles país por país acerca de dónde obtienen sus ganancias para contribuir a eliminar la fijación del precio de transferencias que facilita la evasión fiscal. Tres ONG alemanas hicieron eco de este llamado en un informe sobre finanzas públicas redactado por Jens Martens: "Son los países industrializados, especialmente la Unión Europea, Estados Unidos y las instituciones que estos dominan - el FMI, el Banco Mundial y la OMC - los responsables por la erosión de las fuentes de ingresos... Solo se puede lograr una tributación efectiva de las corporaciones transnacionales, la lucha contra la corrupción y la repatriación de fondos malversados de cuentas en bancos extranjeros a países del sur global mediante una mayor cooperación multilateral".

El FMI lleva a cabo un programa de vigilancia conocido como Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC, por sus siglas en inglés), los cuales constituyen evaluaciones de los sistemas financieros de los países, incluyendo el tema de la lucha contra el lavado de dinero y el combate a la financiación del terrorismo

Integrantes de la campaña lanzada por la Red por la Justicia Fiscal  han realizado críticas al marco de los ROSC En su blog citan a un experto legal, quien expresa lo siguiente: "la forma en que el FMI ha estado realizando los ROSC ha llevado a que su proceso de vigilancia de centros financieros offshore se convierta en una garantía de aprobación". En un comentario realizado en marzo al Financial Times, los miembros de la TJN, John Christensen y David Spencer, sostuvieron que las actuales iniciativas oficiales, incluyendo los informes del FMI están "legitimando lo ilegítimo" dado que pasan por alto las prácticas bancarias que facilitan la evasión fiscal, por ejemplo, el FMI otorgó una calificación aceptable a Liechtenstein en lo que respecta al lavado de dinero precisamente el mismo mes en que Alemania lanzaba una investigación masiva en torno a la evasión de impuestos en ese país alpino muestra que el Fondo aun tiene mucho por hacer si es que desea contribuir a eliminar los flujos ilícitos.

Existen importantes empresas multinacionales que se dedican a gestionar servicios de optimización fiscal en centros financieros offshore, entre otros servicios financieros. La empresa más importante del mundo en estas actividades es Pricewaterhouse (PwC), que cuenta con oficinas en 20 provincias españolas. Estas empresas ofrecen servicios tales como:

• Servicio de Accionista Fiduciario
• Servicio de Director Fiduciario
• Servicio de Secretario Fiduciario
• Mantenimiento y teneduría de los libros contables de su sociedad
• Domicilio social
• Registro y obtención (si procede) de un VAT Number (número de IVA)
• Cuenta bancaria para su Sociedad Offshore

Es curioso como publicitan sus servicios una de estas empresas multinacionales, tax & advise, una de las más importantes del mundo en este sector, clasificando los paraísos fiscales (no existe un modelo estándar) según las oportunidades que ofrecen y los servicios en los que destacan respecto a otros centros financieros Offshore:

• Optimización del comercio internacional: Sociedad Offshore en Hong Kong
• Protección de la privacidad: Sociedad Offshore en Ras Al Kaimah
• Rapidez en la constitución de la sociedad: Sociedad Offshore en Delaware
• Optimización del Juego online y Apuestas: Sociedad Offshore en la Isla de Man
• Otros intenciones: Otras Jurisdicciones Offshore

La solución al problema de la fuga de capitales está en hacer caso omiso del secreto bancario sobre asuntos fiscales y crear el intercambio automático de la información fiscal relevante en el contexto internacional. Por ejemplo, si las inversiones de un Español no estuvieran protegidas por el secreto del banco en un paraísos fiscal y si éste tuviera que dar automáticamente al gobierno argentino la información fiscal sobre la inversión de esa persona, eso disminuiría substancialmente la fuga de capitales y la consecuente evasión de impuestos.

El intercambio de la información entre gobiernos sobre la fuga de capitales fue pedido urgentemente por John Maynard Keynes y Harry Dexter White, los principales arquitectos del FMI, cuando se redactó el acuerdo Bretton Woods en 1944. Pero se alega que esta propuesta recibió oposición de la comunidad financiera de EStados Unidos la cual se ha beneficiado con la fuga de capitales.

Al concluir la cumbre del G-20 el pasado Noviembre en Cannes, el presidente Francés Nicolas Sarkozy, cuyo país preside el grupo actualmente, hizo unas declaraciones asegurando que "los paraísos fiscales serán excluidos de la comunidad internacional", palabras que siguen la línea de anteriores declaraciones públicas de Sarkozy y otros líderes mundiales pero que de momento, solo se limitan a eso, palabras, mientras que poco se ha avanzado en la práctica. ¿Ganarán la batalla los intereses financieros a los intereses de los países democráticos soberanos? Esta lucha solo será efectiva si los países están dispuestos a cooperar entre ellos.

Dejo un enlace al documental "Paraísos fiscales, la gran evasión", es muy interesante, contiene un ejemplo muy sencillo a través de unas bolas de nieve de como las empresas usan los precios de transferencia para eludir impuestos, entre otras cosas.

Camino a la servidumbre

La frase de Juan Rossell, presidente de la CEOE, de "no nos riamos que se nos vea serios ante la prensa" que captaron los micrófonos de los periodistas al presentar la reforma laboral ante los medios de comunicación resume de manera explícita para quien está hecha esta reforma en ningún caso para los trabajadores/as y parados/as de este país. Pues bien, como todos sabemos, el 29 de Marzo los sindicatos han hecho un llamamiento general a la ciudadanía para que asistan a una huelga general contra esta reforma.

Hay muchas personas que rechazan la huelga, sobre todo aquellas personas que poseen pertenencia al partido que adopta las decisiones, sin embargo, también hay personas que comprenden los motivos de esta huelga, pero que encuentran obstáculos para incorporarse, bien por el temor a represalias en las empresas, la desconfianza en los sindicatos que tanto han decepcionado a los ciudadanos desde el comienzo de la crisis, la resignación e impotencia de que la huelga nada cambiará o por simple comodidad, de no “perder” su valioso tiempo en luchar por sus derechos.

Empezaré por analizar algunas cuestiones de la reforma, personalmente, no creo que lo más preocupante sea ni la indemnización por despido ni su cuantía, siempre que se trate de PYMES en dificultades ésto supondría un alivio para la continuación de la actividad de la empresa y además, sería un incentivo para que los pequeños empresarios que antes no se atrevían a asumir el riesgo de contratar a alguien por temor a que, en caso de ir mal la empresa y tener que despedirlo le suponga un gran esfuerzo, contraten y se quiten el miedo de emplear más trabajadores que luego puedan suponer una carga para la supervivencia de su negocio.

El problema lo encuentro en que, ahora bastarán tres trimestres consecutivos de descenso de la facturación para despedir a un trabajador, y ya sabemos que la contabilidad hace milagros, para las empresas multinacionales es fácil reajustar las cuentas, pueden hacer aparecer pérdidas o beneficios allí donde más les convenga, utilizando para ello, entre otros procedimientos, los llamados "precios de transferencia", un mecanismo que consiste sencillamente en facturar entre los diferentes nudos de la red a precios de libro en lugar de a precios de mercado. Así, si en el interior de la propia red de la empresa, la factoría de España compra cualquier tipo de input a una factoría Alemana a un alto precio, y luego vende lo producido a un bajo precio a un centro de la propia empresa en Polonia, estará generando beneficios extraordinarios en Polonia y pérdidas en España. Pero ojo, no necesariamente deben tener pérdidas, pues basta con que disminuyan los beneficios para poder despedir sin obstáculo alguno, aunque esos beneficios sean de millones de euros. Los EREs masivos en estas empresas serán totalmente legales y no tendrán la necesidad de ser autorizados por parte de alguna autoridad laboral, lo que es realmente una verdadera aberración.


Otro punto brillante de la reforma, es que las empresas podrán rebajar el sueldo de los empleados al mínimo del convenio colectivo alegando motivos de productividad, por decisión unilateral de la empresa. Seguramente ese salario extraído del trabajador pase a engrosar la remuneración del consejo de administración o de los directivos, manteniendo los costes fijos que minoran la tan solicitada productividad.
Por si esto os parecía poco, las empresas podrán usar la "clausula de descuelgue", bajando aún más el sueldo al margen del convenio y empleando la coacción sobre los trabajadores que deberán aceptar las condiciones de trabajo que dicte la empresa (cambios de horarios, de lugar de trabajo, etc.), dejando a los sindicatos fuera de toda negociación.

En cuanto a los parados con prestación de desempleo, durante el primer año un 25% de tu prestación se añadirá al sueldo que te pague la empresa, y además, la empresa podrá deducirse fiscálmente el 50% de la prestación que estuviese cobrando el trabajador, si a esto le añadimos que tu prestación por desempleo se consume mientras trabajas, y que en ese primer año, aún con contrato indefinido, tendrás un contrato de prueba por el que te podrán despedir en cualquier momento sin causa, indemnización o derecho alguno, posiblemente, tras un año te encuentres en la calle y sin prestación por desempleo, por lo que no les interesará contratarte ya que no obtendrán ningún beneficio fiscal por ello, al contrario que cuándo recibías la prestación.

Además se darán bonificaciones en su cuota de la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 que hayan estado al menos 12 meses de los 18 anteriores en paro, que serán más cuantiosas si se contratan mujeres, entonces ¿qué pasará con los parados entre 30 y 45 años que no reportan bonificación alguna en la cuota de la seguridad social para las empresas? Fácil, esperar hasta los 45 a ser contratados si es que logran sobrevivir...


Es difícil una reforma laboral de este calado en unas pocas líneas, pero creo que basta con lo expuesto para comprender el atentado que supone para los derechos de los trabajadores/as y para los ciudadanos/as en general, máxime cuando gobierno y empresarios están manifestando, por activa y por pasiva, que esta reforma "no va a crear empleo por sí misma", que éste se creará cuando haya actividad económica, como ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, palabras que ponen de manifiesto que el verdadero fondo de la reforma laboral al menos no es el de crear empleo.

¿Porque hacen huelga general los sindicatos contra la reforma laboral? Quizás por todo lo expuesto anteriormente, pues en teoría e históricamente defender los derechos de los trabajadores ha sido su función, pero, tras la pasividad de los sindicatos durante la crisis y su poca lucha por trabajadores y parados mientras se destruían empleos y España se iba a pique, cabe buscar este interés en motivos económicos del lobby, pues parece ser que UGT y CCOO, las dos grandes agrupaciones sindicales, verán sus ingresos reducidos en torno a los 100 millones de euros por ERE tras la pérdida de protagonismo de los sindicatos en los convenios colectivos y el poder unilateral de las empresas para hacer lo que les venga en gana con los EREs gracias a esta reforma laboral. Además, en menor medida, en menor medida, disminuirán los ingresos que reciben por la formación, pues los cambios en materia de formación permitirán a las empresas homologadas por el Ministerio presentar directamente sus planes de formación e impartir los cursos.

A pesar de todo, los sindicatos solo son promotores y no responsables por completo de las acciones de protesta, ni esta huelga general es para apoyar a los sindicatos en su cruzada para no perder sus privilegios, como tanto se habla desde las voces críticas con la huelga, ni mucho menos a partidos políticos que asistirán como el PSOE, que dejó el país en ruinas, o los oportunistas de IU (espero que no lleven sus banderas repúblicanas ni consignas soviéticas, pues no vienen a cuento). Como podéis apreciar con todo lo dicho anteriormente sobre la reforma laboral, esta huelga es mucho más.

No es una huelga contra España como proclaman muchos medios de derechas, sino una huelga en contra del atentado que supone esta reforma para los derechos laborales de todos los ciudadanos. Tenemos un gobierno que juega a enfrentar a trabajadores-parados-pequeños empresarios, pensando que así mientras tanto no miraremos para arriba, a los beneficiarios y propulsores de esta crisis, empresas con record de beneficios, salarios más altos que nunca para sus directivos, una evasión fiscal jamás vista..¿y los sacrificios son para los de abajo? La gente saldrá a la calle el 29 de Marzo para defender sus derechos y las injusticias de esta estafa que solo aumenta la brecha de desigualdades ya existentes, cada día más gente se da cuenta de que esta crisis es provocada y se escribe más sobre ello, que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres...una crisis que está exterminando nuestra clase media que ahora abarrota los comedores sociales en busca de algo que llevarse a la boca.

Si en plena Gran Depresión en EEUU se hicieron más de 4000 huelgas en un año, ¿porque nos quieren tachar de enemigos y de dar mala imagen por ir a la huelga general? Será que encima de pobres y sin futuro, nos quieren calladitos y sumisos.

Entre los que rechazan la huelga general del próximo 29 de marzo se encuentra el "gurú" Leopoldo Abadía, que ha comentado en twitter: "Cuándo leo una pancarta con "Queremos empleo ya" significa: queremos que alguien se juegue su dinero para darnos trabajo ya. Al pan,pan..." parece que olvida varias cosas de gran trascendencia:

• 1. Los enormes beneficios que amasan multinacionales, records históricos de miles de millones de euros. Las empresas del Ibex 35 ganaron en 2011 la cantidad de 33.439 millones de euros (declarados).

• 2. Las subidas de sueldos en plena crisis de los consejos de administración y directivos en las multinacionales hacen aumentar los costes fijos de las empresas, y afectan a la productividad de la que se valen para justificar EREs masivos. El Ibex 35 ha aumentado sus retribuciones de los consejos de administración en un 13'7% mientras que a sus directivos, un 14%.

• 3. Todo lo que se podría hacer con el dinero que se pierde con el fraude fiscal, dinero escondido en cuentas secretas de paraísos fiscales, una práctica muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme, Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español no ingresa. Esta cantidad casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto a la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado de Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Lo más sorprendente de todo es que, el 80% de la plantilla de Hacienda se dedica a investigar solo a pequeños empresarios.

•  4. Tenemos un mercado global de bienes y servicios, pero los derechos laborales no son globales. El problema no reside en que no seamos competitivos, pues no se puede competir con aquellos países en los que las condiciones laborales son ínfimas, o en los que no existe ninguna legislación que proteja el medio ambiente o los derechos humanos. Si las empresas tienen libertad de establecerse en cualquier lugar del mundo, atendiendo a criterios exclusívamente económicos, deberían existir ciertas leyes universales que protejan a los trabajadores sea cual sea el país al que pertenezcan.

• 5. La lacra de la corrupción inherente a España en las administraciones públicas e instituciones políticas nacionales, regionales y locales. El cobro de sobornos, el reparto de favores y el abuso del poder público están generalizados entre los políticos a nivel nacional, día tras día saltan a los medios casos como Nóos, Gürtel, Mercasevilla...etc., si se tirase de la manta a saber cuántas corruptelas saldrían a la luz en cada región, pues sin incentivos controladores y sancionadores resulta difícil contener estas prácticas. 

• 6. La gran estafa que está ocurriendo en las cajas de ahorros, responsables de la burbuja inmobiliaria con sus inversiones y su facilidad para dar créditos sin medir el riesgo, los escándalos por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de sus incompetentes gestores, las artimañas de los partidos para acaparar sus consejos de dirección para fines políticos, y la sangría que están suponiendo sus rescates para las arcas del estado.

Estas no son más que algunas de las muchas razones por las que, junto con las anteriormente expuestas en el breve análisis de la reforma laboral, no podemos tolerar los sacrificios y la disminución de nuestros derechos que nos impone el gobierno Español, pero ¿servirá de algo la huelga general? Nuestro popular presidente Mariano Rajoy ya ha dicho que no, y tiene toda la razón, pues una huelga aislada no soluciona nada, es tan inútil como las manifestaciones los domingos mientras los políticos andan de barbacoa. Habrá que hacer mucho más para enderezar el rumbo de nuestro nuevo gobierno, que peor no ha podido comenzar.

Aunque, pensándolo bien, si después de esta reforma sacan otra en la que el despido sea gratis, se amplíe la jornada laboral a 18 horas, se reduzcan los salarios un 95%, se baje la edad mínima para trabajar a los 12 años y además añada el derecho de pernada para el jefe de turno entonces si que habrá mucho más trabajo ya que todas las fabricas Chinas, Brasileñas y del Este de Europa se trasladarán a España.

¿Es eso lo que queremos? No hay excusas para no hacer huelga.

Corrupción como modus vivendi

La protesta pública por la corrupción, la impunidad e inestabilidad económica
ha estallado en todo el mundo en 2011, las protestas florecieron por todo el globo y en muchos países se han incrementado rápidamente de un lado a otro, desde la primavera árabe, al movimiento 15-M  o el movimiento Occupy Wall Street. Pese al despertar de la población de su estado de shock o somnolencia, lo peor está por llegar. La delicada coyuntura que afrontamos no ha hecho más que prender la mecha ante una situación que cada vez se antoja más insostenible, esto no ha sido más que el preludio de manifestaciones en masa globales que aglutinen a gente de todos los sectores de la sociedad bajo un objetivo común, que los políticos cambien el rumbo y atiendan las demandas de las personas y no de lo que llamamos “mercados”, que vienen a ser grandes corporaciones financieras y empresariales. Para ello más transparencia y la responsabilidad de nuestros líderes son necesarias.

Las redes sociales han traído consigo el conocimiento y la discusión pública de multitud de escándalos que, muchos de ellos pese a realizarse bajo la legalidad, son indecentes y eméticos. 

Podemos encontrar temas como el del gasto militar de España en misiones y lugares donde nuestra presencia cada vez tiene menos sentido, como Afganistán o Líbano, pero donde seguimos a pesar de la delicada situación financiera y la anunciada austeridad del gobierno para reducir el déficit. O de los privilegios a los que no renuncia una clase política que espera la comprensión de los ciudadanos respecto a los recortes en sus derechos, privilegios que recoge muy bien Daniel Montero Bejerano en su libro “La Casta”. 

Así mismo, esta “casta” pide unos sacrificios a los ciudadanos que desconocen las fortunas y grandes corporaciones que evaden impuestos por medio de paraísos fiscales por valor de 42.700 millones de euros en España, un 72 % del total defraudado cada año, el triple que autónomos y PYMES según los cálculos del colectivo de técnicos de Hacienda Gestha. En el terreno internacional, Estados Unidos encabeza el ranking de los países que más evaden impuestos, en 2011, en torno a 337.300 millones de dólares no llegaron al Tesoro Público estadounidense a causa de la evasión según un estudio realizado por el grupo británico Tackle Tax Havens. A nivel global, la evasión de impuestos es de 3,1 billones de dólares, lo que representa el 5,1% del PIB global. Pese a todo, inexplicablemente la mayor parte de los trabajadores encargados de encontrar dicho fraude se dedican mayoritariamente a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas.


Otro caso que sobresale especialmente en nuestro país es el de exdirectivos de las cajas de ahorros, protagonistas de la crisis en España, controladas por directivos afines o afiliados a partidos políticos que los colocan en estos puestos, causantes de la quiebra de muchas de ellas por su mala gestión y que saben que, lo único que les pasará por su incompetencia será su despido inminente y el rescate de dichas entidades con dinero público, por lo que son recompensados ante semejante hazaña con indemnizaciones y pensiones vitalicias millonarias.

Pese a estas y otras muchas corruptelas de todo tipo y casos de clientelismo favorecidos por la falta de control, transparencia y de incentivos sancionadores, España se encuentra en el puesto 31 de 183 países, con una puntuación de 6’2, según el informe de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency International, una organización independiente que se dedica a sacar a la luz la corrupción en cualquier parte del mundo. En comparación con el mismo informe en 2010 parece ser que nada hemos cambiado en este apartado.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2011 muestra que la frustración de la población está bien fundada. Ninguna región o país del mundo es inmune a la corrupción en mayor o menor grado, es más, la gran mayoría de los 183 países y territorios evaluados tienen una puntuación por debajo de 5 en una escala que va desde cero (altamente corrupto) a 10 (muy limpio).
Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia encabezan la lista, mientras que Corea del Norte, recientemente de actualidad en todos los medios por la muerte de su dictador Kim Jong-il y Somalia, que atraviesa la primera hambruna del s.XXI desde hace meses, se encuentran en la parte inferior.

En el debate de investidura (no entiendo que se le llame debate), ante las afirmaciones de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, sobre la corrupción política, nuestro recién proclamado presidente Mariano Rajoy se cerró en banda molesto ante la idea de que se generalice la relación de la posesión de un cargo público con la corrupción, pero a la vista de los acontecimientos que ven la luz día tras día en nuestro país, cabe preguntarnos ¿Es la corrupción algo frecuente en nuestros políticos y cargos públicos?

La sombra de la corrupción

No hay país que no tenga corrupción en mayor o menor grado. Transparency International, una organización independiente que se dedica a sacar a la luz la corrupción en cualquier parte del mundo, pública cada año un índice de percepción de la corrupción (IPC) que clasifica los países según la probabilidad de toparse con la corrupción en el trato con funcionarios públicos.

Según el informe Transparency International de 2010 sobre corrupción, publicado el 3 de mayo, España está en el puesto 30 de una clasificación de 178 países con una puntuación de 6'1. Este índice va desde 10 (percepción de ausencia de corrupción) a 0 (percepción de muy corrupto). 

Los países con menor grado de corrupción según este informe son Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, mientras que en la otra cara de la moneda se encuentran Afghanistan, Myanmar y Somalia, de este último están llegando noticias de la hambruna que padecen por la mayor sequía de los últimos 70 años en el cuerno de África, algo que saben desde hace tiempo organismos internacionales y ONGs, como sus países vecinos, así que esta situación no es nueva, ni la guerra civil que sufren y los millones de desplazados. Esto lo sabían todos y nadie ha hecho nada hasta que han llegado las cámaras, como suele pasar en estos casos.

Por continentes podemos decir que África, Asia, Europa del Este, Latinoamérica y America Central tienen unos niveles de corrupción que oscilan entre un nivel medio y alto. Para ellos, la corrupción es la norma, no la excepción.

Mientras que en Europa occidental las excepciones son Italia y Grecia, algo que está detrás de una parte de sus problemas, que no de todos, no podemos achacar todo el volumen de sus deudas al nivel de corrupción de estos países, que aunque es alto, no es el único causante, quizás ni siquiera el principal, algo que podremos saber cuando pasen los desagradables acontecimientos que Europa y el mundo entero estamos viviendo, por una crisis de la que cada día que pasa vemos más lejos la salida, con grandes sobresaltos como los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal y lo que es más importante, la deuda de Estados Unidos. La primera potencia mundial puede arrastrar al mundo entero con su caída en una crisis sin precedentes, sin haber salido aún de la crisis financiera en la que está sumida el mundo desde 2008.

Las estadísticas parecen corroborar que corrupción y malos resultados económicos van de la mano.

 La corrupción también va ligada a los mercados negros, lo que llaman “economía sumergida”, son transacciones ocultas a los ojos del fisco, y pueden ser de carácter laboral, financiero o comercial.  Esta economía representa 1 de cada 4 euros del PIB en España, incluso en las economías desarrolladas proliferan estos mercados.

La corrupción a veces puede disuadir a empresas y particulares extranjeros a invertir en los países.

También tiene un coste humano, con frecuencia los dictadores se valen de la corrupción para mantenerse en el cargo.

En la mayoría de los países pobres sus gobiernos suelen obstaculizar el suministro de importantes servicios, como la ayuda internacional, desviándola a sus cuentas bancarias en paraísos fiscales o bancos europeos, impidiendo que lleguen las ayudas a la gente que iban dirigidas. Aún con gobiernos bienintencionados, parte de esta ayuda puede perderse por el camino en las administraciones locales, en su transcurso hasta la gente a la que va destinada, así que, por cada euro de las ayudas, quizás lleguen con suerte 50 céntimos.

Aquí os dejo la clasificación del informe de Transparency International de 2010

Fuente:
http://www.transparency.org/