La hecatombe de la Europa del pensamiento único

Con el agravamiento de la crisis en Europa y a pesar de las declaraciones a favor del empleo en las sucesivas reuniones del G20 y otros foros globales, desde 2010 la estrategia política cambió sus prioridades alejándose de la creación y mejora del empleo, y concentrándose en cambio en la reducción de los déficits fiscales a toda costa. En los países europeos, la reducción del déficit fiscal ha sido considerada esencial para calmar a los mercados financieros.

Frente a la crisis, la estrategia de la Comisión y de los Estados miembros es aterradora. Esta estrategia se basa sobre tres pilares: la aplicación de planes de austeridad presupuestaria, la reforma de la gobernanza de la zona euro y la puesta en práctica de un Mecanismo Europeo de Estabilidad que nos ha sido vendido como un mecanismo de solidaridad finaciera.

El PRIMER PILAR sobre el cual se basa tal teoría es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que fuerza a los Estados a tener un déficit público por debajo de un 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60%. Pero, incluso en países que no han sufrido los efectos de la crisis, esta estrategia está siendo aplicada por razones preventivas, reduciendo los déficits fiscales para evitar cualquier reacción negativa por parte de los mercados financieros. Dicho pacto prevé que la Comisión pueda poner en marcha Procedimientos de Déficit Excesivo (PDE).

El SEGUNDO PILAR de la estrategia europea es el reforzamiento de la gobernanza a través del Pacto Euro Plus, aprobado en el Consejo Europeo del 24 y 25 marzo 2011 y que consta de cuatro ejes:

- Controlar la trayectoria de las finanzas públicas nacionales y de imponer la reducción progresiva de la deuda pública, aplicando sanciones de una manera más automática y precoz que antes, lo que supone un endurecimiento del PEC.

- Nacionalización de responsabilidades: “Los Estados miembros de la zona euro se comprometen a llevar a su legislación nacional las reglas presupuestarias de la Unión Europea que figuran en el PEC”. Algo que España ya hizo a finales de verano de 2011 tras un pacto de PSOE y PP donde reformaron la constitución para garantizar por ley la limitación del déficit público, lo que elimina la vía keynesiana de estimular la demanda agregada mediante el gasto e inversión pública.

- Reforzar la competitividad mediante el control de los salarios, éstos no pueden evolucionar más rápido que la productividad, pero el pacto no denuncia a aquellos países donde los salarios han progresado claramente menos que la productividad y que tanto ha contribuido a los desequilibrios entre el norte y el sur. Las políticas mercantilistas dentro de la UE llevadas a cabo por Alemania han dotado a sus socios comerciales de pérdida de competitividad y obligado a un endeudamiento excesivo, difícilmente podrán seguir Alemania y otros países, como Austria o Finlandia, saneándose a expensas de los países del sur. Los países con superávits deben expandirse aumentando los salarios y los gastos sociales (algo que va en contra de las clases dirigentes de estos países), estimulando su demanda interna para permitir un ajuste con los países del sur.

- Creación de un “semestre europeo” para coordinar las grandes elecciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros, asegurando su compatibilidad con las opciones estratégicas de la Unión, abriendo la vía a conflictos de soberanía entre la Unión Europea y los Estados en materia presupuestaria. Consiste en que a principios de año el Consejo Europeo hace unas recomendaciones con los grandes desafíos económicos a cada país, y éstos deben integrarlas y elaborar en consonancia sus presupuestos nacionales, así como los programas de reforma. Estas recomendaciones se fundamentan en diez medidas: Poner en práctica un saneamiento presupuestario riguroso (cuyo impacto macroeconómico no se analiza: la situación de las finanzas públicas es prioritaria en relación al empleo y a la actividad); corregir los desequilibrios macroeconómicos (por la moderación salarial en los países deficitarios; y por la liberalización de los servicios y del comercio en los países excedentarios, no por incrementos salariales); estabilizar el sector financiero; hacer más atractivo el trabajo (como si el problema hoy fuera que los asalariados rechazasen trabajar); reformar los sistemas de pensiones (hacerlos menos costosos, favorecer los fondos privados de pensiones); reinsertar a los parados (reduciendo las prestaciones); conciliar seguridad y flexibilidad en el mercado de trabajo (menor protección para el trabajador y más poder para los capitalistas, como si la libertad de capitales y el chantaje a la deslocalización de la actividad empresarial no fuesen suficientes); explotar el potencial del mercado único (otra vez más la liberalización de los servicios y el comercio); atraer a los capitales privados para favorecer el crecimiento (poner en marcha colaboraciones público-privadas aun a riesgo de aumentar el coste de las inversiones públicas); permitir el acceso a la energía a un precio asequible (lo que pasa por medidas de privatización y de aumento de la competencia según la Comisión). La estrategia macroeconómica, el giro ecológico y la política industrial son los grandes olvidados.

El TERCER Y ÚLTIMO PILAR de la estrategia europea es el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que sustituirá en junio de 2013 al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF). La misión del MEDE es movilizar los fondos y otorgar asistencia financiera a los miembros de la zona euro en dificultades. Sus ayudas están subordinadas a una estricta condicionalidad, que somete a los Estados beneficiarios a programas de ajuste macroeconómico rigurosos (políticas restrictivas), algo que conocemos ya en España y sufriremos especialmente en 2013. El memorando sobre el rescate bancario a las entidades financieras españolas incide  expresamente en la necesidad de cumplir los compromisos fiscales y avanzar en las reformas estructurales. En este sentido, el eurogrupo establece que el programa de ayuda será supervisado por la Comisión Europea, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el FMI. Además, el eurogrupo establece condicionalidades tanto al sector bancario como macroeconómicas. Las condiciones macroeconómicas implicarán la adopción de las medidas contempladas, ya en mayo, por la Comisión en sus recomendaciones de política económica para España, entre ellas la necesidad de acometer más ajustes para cumplir los requisitos presupuestarios. Entre las medidas contempladas están la subida del IVA y de los impuestos especiales-medioambientales que ya sufrimos desde septiembre de 2012, la supresión de la deducción por vivienda y de la paga extra a funcionarios, menos días libres a funcionarios, la reducción de la prestación de desempleo desde el séptimo mes y lareforma de las pensiones, entre otras.

Estas medidas también fracasaran a la hora de estabilizar la situación fiscal, de hecho, en medio de las protestas por las políticas de austeridad que han realizado los gobiernos para tratar de salir de la crisis, la producción económica en la zona euro, compuesta por 17 países, cayó un 0'1% en el tercer trimestre, tras un descenso del 0'2 en el trimestre anterior, arrastrada por los malos resultados de Italia, España y Holanda. Si nos fijamos en el desempleo y los servicios públicos, el futuro es desalentador. La razón fundamental de estos fracasos es que este tipo de políticas, implementadas en un contexto de perspectivas de intereses elevados, demanda limitada y con la complicación adicional de un sistema bancario en medio de su proceso de “desapalancamiento” en un entorno de incertidumbre, no tienen la capacidad de estimular la inversión privada, y con presupuestos tan restrictivos no se permite que actúe la inversión pública para dejar su hueco, con la consiguiente caída de la actividad. La teoría de que la crisis la causa el excesivo crecimiento del gasto público que lleva como solución recortes de gasto público, deprime todavía aún más la economía, y como consecuencia, los ingresos del Estado caen aún más, sin inversiones y con mayores pérdidas de empleo. Lo paradójico es que la manera negativa en la que esto afecta a los presupuestos de los gobiernos aumente las exigencias de mayor austeridad, retroalimentándose a si mismo un circulo vicioso que no parará hasta llegar a un generalizado nivel de miseria, donde la opulencia de los servicios privados contraste con la pobreza de los servicios públicos, produciendo un desequilibrio social desconocido hasta ahora en Europa.

¿Será este 2013 el fin de la Unión Europea como la conocemos o la presión ciudadana obligará a dar un giro y encarrilar las políticas comunitarias en pro de una Europa de y para todos los ciudadanos que la integran? La mano de la doctrina liberal en la estrategia europea es más que visible, si no acabamos con la Europa del pensamiento único no habrá Unión Europea, es hora de que los países del sur unamos nuestras fuerzas y hagamos frente al núcleo del poder europeo, presentando alternativas, alternativas coherentes y sólidas que debemos construir los ciudadanos, de los derechos sociales y humanos, de la cooperación y de la pluralidad, la Europa social. Va a ser un año muy duro y un camino lleno de obstáculos, es una Europa o ninguna, cambiemos el rumbo.