sábado, 10 de marzo de 2012

Camino a la servidumbre

La frase de Juan Rossell, presidente de la CEOE, de "no nos riamos que se nos vea serios ante la prensa" que captaron los micrófonos de los periodistas al presentar la reforma laboral ante los medios de comunicación resume de manera explícita para quien está hecha esta reforma en ningún caso para los trabajadores/as y parados/as de este país. Pues bien, como todos sabemos, el 29 de Marzo los sindicatos han hecho un llamamiento general a la ciudadanía para que asistan a una huelga general contra esta reforma.
Hay muchas personas que rechazan la huelga, sobre todo aquellas personas que poseen pertenencia al partido que adopta las decisiones, sin embargo, también hay personas que comprenden los motivos de esta huelga, pero que encuentran obstáculos para incorporarse, bien por el temor a represalias en las empresas, la desconfianza en los sindicatos que tanto han decepcionado a los ciudadanos desde el comienzo de la crisis, la resignación e impotencia de que la huelga nada cambiará o por simple comodidad, de no “perder” su valioso tiempo en luchar por sus derechos.
Empezaré por analizar algunas cuestiones de la reforma, personalmente, no creo que lo más preocupante sea ni la indemnización por despido ni su cuantía, siempre que se trate de PYMES en dificultades ésto supondría un alivio para la continuación de la actividad de la empresa y además, sería un incentivo para que los pequeños empresarios que antes no se atrevían a asumir el riesgo de contratar a alguien por temor a que, en caso de ir mal la empresa y tener que despedirlo le suponga un gran esfuerzo, contraten y se quiten el miedo de emplear más trabajadores que luego puedan suponer una carga para la supervivencia de su negocio.
El problema lo encuentro en que, ahora bastarán tres trimestres consecutivos de descenso de la facturación para despedir a un trabajador, y ya sabemos que la contabilidad hace milagros, para las empresas multinacionales es fácil reajustar las cuentas, pueden hacer aparecer pérdidas o beneficios allí donde más les convenga, utilizando para ello, entre otros procedimientos, los llamados "precios de transferencia", un mecanismo que consiste sencillamente en facturar entre los diferentes nudos de la red a precios de libro en lugar de a precios de mercado. Así, si en el interior de la propia red de la empresa, la factoría de España compra cualquier tipo de input a una factoría Alemana a un alto precio, y luego vende lo producido a un bajo precio a un centro de la propia empresa en Polonia, estará generando beneficios extraordinarios en Polonia y pérdidas en España. Pero ojo, no necesariamente deben tener pérdidas, pues basta con que disminuyan los beneficios para poder despedir sin obstáculo alguno, aunque esos beneficios sean de millones de euros. Los EREs masivos en estas empresas serán totalmente legales y no tendrán la necesidad de ser autorizados por parte de alguna autoridad laboral, lo que es realmente una verdadera aberración.


Otro punto brillante de la reforma, es que las empresas podrán rebajar el sueldo de los empleados al mínimo del convenio colectivo alegando motivos de productividad, por decisión unilateral de la empresa. Seguramente ese salario extraído del trabajador pase a engrosar la remuneración del consejo de administración o de los directivos, manteniendo los costes fijos que minoran la tan solicitada productividad.
Por si esto os parecía poco, las empresas podrán usar la "clausula de descuelgue", bajando aún más el sueldo al margen del convenio y empleando la coacción sobre los trabajadores que deberán aceptar las condiciones de trabajo que dicte la empresa (cambios de horarios, de lugar de trabajo, etc.), dejando a los sindicatos fuera de toda negociación.

En cuanto a los parados con prestación de desempleo, durante el primer año un 25% de tu prestación se añadirá al sueldo que te pague la empresa, y además, la empresa podrá deducirse fiscálmente el 50% de la prestación que estuviese cobrando el trabajador, si a esto le añadimos que tu prestación por desempleo se consume mientras trabajas, y que en ese primer año, aún con contrato indefinido, tendrás un contrato de prueba por el que te podrán despedir en cualquier momento sin causa, indemnización o derecho alguno, posiblemente, tras un año te encuentres en la calle y sin prestación por desempleo, por lo que no les interesará contratarte ya que no obtendrán ningún beneficio fiscal por ello, al contrario que cuándo recibías la prestación.
Además se darán bonificaciones en su cuota de la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 que hayan estado al menos 12 meses de los 18 anteriores en paro, que serán más cuantiosas si se contratan mujeres, entonces ¿qué pasará con los parados entre 30 y 45 años que no reportan bonificación alguna en la cuota de la seguridad social para las empresas? Fácil, esperar hasta los 45 a ser contratados si es que logran sobrevivir...


Es difícil una reforma laboral de este calado en unas pocas líneas, pero creo que basta con lo expuesto para comprender el atentado que supone para los derechos de los trabajadores/as y para los ciudadanos/as en general, máxime cuando gobierno y empresarios están manifestando, por activa y por pasiva, que esta reforma "no va a crear empleo por sí misma", que éste se creará cuando haya actividad económica, como ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, palabras que ponen de manifiesto que el verdadero fondo de la reforma laboral al menos no es el de crear empleo.

¿Porque hacen huelga general los sindicatos contra la reforma laboral? Quizás por todo lo expuesto anteriormente, pues en teoría e históricamente defender los derechos de los trabajadores ha sido su función, pero, tras la pasividad de los sindicatos durante la crisis y su poca lucha por trabajadores y parados mientras se destruían empleos y España se iba a pique, cabe buscar este interés en motivos económicos del lobby, pues parece ser que UGT y CCOO, las dos grandes agrupaciones sindicales, verán sus ingresos reducidos en torno a los 100 millones de euros por ERE tras la pérdida de protagonismo de los sindicatos en los convenios colectivos y el poder unilateral de las empresas para hacer lo que les venga en gana con los EREs gracias a esta reforma laboral. Además, en menor medida, en menor medida, disminuirán los ingresos que reciben por la formación, pues los cambios en materia de formación permitirán a las empresas homologadas por el Ministerio presentar directamente sus planes de formación e impartir los cursos.

A pesar de todo, los sindicatos solo son promotores y no responsables por completo de las acciones de protesta, ni esta huelga general es para apoyar a los sindicatos en su cruzada para no perder sus privilegios, como tanto se habla desde las voces críticas con la huelga, ni mucho menos a partidos políticos que asistirán como el PSOE, que dejó el país en ruinas, o los oportunistas de IU (espero que no lleven sus banderas repúblicanas ni consignas soviéticas, pues no vienen a cuento). Como podéis apreciar con todo lo dicho anteriormente sobre la reforma laboral, esta huelga es mucho más.

No es una huelga contra España como proclaman muchos medios de derechas, sino una huelga en contra del atentado que supone esta reforma para los derechos laborales de todos los ciudadanos. Tenemos un gobierno que juega a enfrentar a trabajadores-parados-pequeños empresarios, pensando que así mientras tanto no miraremos para arriba, a los beneficiarios y propulsores de esta crisis, empresas con record de beneficios, salarios más altos que nunca para sus directivos, una evasión fiscal jamás vista..¿y los sacrificios son para los de abajo? La gente saldrá a la calle el 29 de Marzo para defender sus derechos y las injusticias de esta estafa que solo aumenta la brecha de desigualdades ya existentes, cada día más gente se da cuenta de que esta crisis es provocada y se escribe más sobre ello, que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres...una crisis que está exterminando nuestra clase media que ahora abarrota los comedores sociales en busca de algo que llevarse a la boca.
Si en plena Gran Depresión en EEUU se hicieron más de 4000 huelgas en un año, ¿porque nos quieren tachar de enemigos y de dar mala imagen por ir a la huelga general? Será que encima de pobres y sin futuro, nos quieren calladitos y sumisos.

Entre los que rechazan la huelga general del próximo 29 de marzo se encuentra el "gurú" Leopoldo Abadía, que ha comentado en twitter: "Cuándo leo una pancarta con "Queremos empleo ya" significa: queremos que alguien se juegue su dinero para darnos trabajo ya. Al pan,pan..." parece que olvida varias cosas de gran trascendencia:
  • 3. Todo lo que se podría hacer con el dinero que se pierde con el fraude fiscal, dinero escondido en cuentas secretas de paraísos fiscales, una práctica muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme, Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español no ingresa. Esta cantidad casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto a la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado de Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Lo más sorprendente de todo es que, el 80% de la plantilla de Hacienda se dedica a investigar solo a pequeños empresarios.
  •  4. Tenemos un mercado global de bienes y servicios, pero los derechos laborales no son globales. El problema no reside en que no seamos competitivos, pues no se puede competir con aquellos países en los que las condiciones laborales son ínfimas, o en los que no existe ninguna legislación que proteja el medio ambiente o los derechos humanos. Si las empresas tienen libertad de establecerse en cualquier lugar del mundo, atendiendo a criterios exclusívamente económicos, deberían existir ciertas leyes universales que protejan a los trabajadores sea cual sea el país al que pertenezcan.
  • 5. La lacra de la corrupción inherente a España en las administraciones públicas e instituciones políticas nacionales, regionales y locales. El cobro de sobornos, el reparto de favores y el abuso del poder público están generalizados entre los políticos a nivel nacional, día tras día saltan a los medios casos como Nóos, Gürtel, Mercasevilla...etc., si se tirase de la manta a saber cuántas corruptelas saldrían a la luz en cada región, pues sin incentivos controladores y sancionadores resulta difícil contener estas prácticas. 
  • 6. La gran estafa que está ocurriendo en las cajas de ahorros, responsables de la burbuja inmobiliaria con sus inversiones y su facilidad para dar créditos sin medir el riesgo, los escándalos por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de sus incompetentes gestores, las artimañas de los partidos para acaparar sus consejos de dirección para fines políticos, y la sangría que están suponiendo sus rescates para las arcas del estado.
Estas no son más que algunas de las muchas razones por las que, junto con las anteriormente expuestas en el breve análisis de la reforma laboral, no podemos tolerar los sacrificios y la disminución de nuestros derechos que nos impone el gobierno Español, pero ¿servirá de algo la huelga general? Nuestro popular presidente Mariano Rajoy ya ha dicho que no, y tiene toda la razón, pues una huelga aislada no soluciona nada, es tan inútil como las manifestaciones los domingos mientras los políticos andan de barbacoa. Habrá que hacer mucho más para enderezar el rumbo de nuestro nuevo gobierno, que peor no ha podido comenzar.

Aunque, pensándolo bien, si después de esta reforma sacan otra en la que el despido sea gratis, se amplíe la jornada laboral a 18 horas, se reduzcan los salarios un 95%, se baje la edad mínima para trabajar a los 12 años y además añada el derecho de pernada para el jefe de turno entonces si que habrá mucho más trabajo ya que todas las fabricas Chinas, Brasileñas y del Este de Europa se trasladarán a España.

¿Es eso lo que queremos? No hay excusas para no hacer huelga.

martes, 6 de marzo de 2012

Deslocalización, el sometimiento obrero al Neoliberalismo.


La deslocalización se entiende popularmente como aquel proceso por el que una empresa traslada su actividad a países con menores costes para aprovecharse de esas reglas de juego diferentes que le hagan aumentar sus beneficios a escala global.
La deslocalización es un fenómeno que no deja indiferente a nadie, constituye una parte fundamental del proceso de globalización neoliberal en el que nos hayamos inmersos. Al igual que los gobiernos han perdido gran parte de su poder de decisión a favor de las grandes corporaciones empresariales, ahora también lo están haciendo los trabajadores. Uno de los casos más significativos lo representan los trabajadores alemanes de Siemens, que han aceptado volver a la jornada laboral de 40 horas ante la amenaza de ésta de establecerse en otro país 

Los defensores del sistema de mercado piden a las autoridades políticas que actúen de forma que no ahuyenten a las empresas establecidas, es decir, que se aumente la flexibilidad laboral, que se ofrezcan mas subvenciones o que se mejoren las condiciones fiscales. Todas estas medidas suponen un empeoramiento de las condiciones laborales y una pérdida de ingresos para las arcas del Estado y en definitiva, para el sistema de protección social, lo que precisamente ocurrirá en España con la reforma laboral del nuevo gobierno del PP. 

Las naciones tienden a competir entre ellas para ofrecer mejores condiciones a los inversores, y eso va en detrimento de la clase trabajadora, que, o tiene que renunciar a parte de sus derechos, o simplemente nunca llegará a tener un trabajo digno, como ocurre en muchos países emergentes receptores de Inversión Extranjera Directa.


El problema laboral se halla más en un ámbito mundial que nacional, no reside en que no seamos competitivos, pues no se puede competir con aquellos países en los que las condiciones laborales son ínfimas, o en los que no existe ninguna legislación que proteja el medio ambiente. Si las empresas tienen libertad de establecerse en cualquier lugar atendiendo, naturalmente, a criterios exclusivamente económicos, deberían existir ciertas leyes universales que protejan a los trabajadores sea cual sea el país al que pertenezcan. Al igual que parece lógico pensar que, si vivimos en un mundo donde los mercados (tanto financieros como de bienes y servicios) están globalizados, también lo deberían estar las legislaciones laborales y fiscales, algo que parece utópico e imposible de llevar a cabo sin un gobierno mundial o unas instituciones internacionales que se encarguen de aplicar unas normas internacionales y unas reglas de comportamiento mundial, sin ello, las multinacionales pueden seguir actuando como hasta ahora, sin que nadie les pueda poner freno y amasando beneficios exponencialmente, en detrimento de los trabajadores.
Pero existe la dificultad de que no se puede imponer esto a todos los países pues, éstos son soberanos y decidirán según sus intereses, y siempre existiría un mercado paralelo con diferentes reglas de juego que afectaría a la estabilidad de un mercado regulado y estable, por lo que se podría hacer una división entre países democráticos y no democráticos, con sus diferentes mercados, esto ya lo explicaré en otra ocasión.


Existen numerosas críticas desde aquellos países receptores y en teoría beneficiados por el proceso de deslocalización. Mientras que los trabajadores occidentales creen que con la deslocalización ellos son los más perjudicados, y que los más beneficiados son los países receptores de esas industrias, la realidad podría ser muy diferente. Es cierto que la inversión extranjera ha aportado crecimiento económico a estos países, pero no se trata de un crecimiento sostenible ni equilibrado.

Si la legislación y las políticas reguladoras de estos países no son las adecuadas, las empresas, a menudo multinacionales, pueden originar subidas de precios en bienes y servicios básicos, aprovechando su posición de dominio y dificultar el acceso a los mismos a las capas más pobres de la sociedad. Otra fuente de preocupación para los países receptores es la expulsión del mercado de las empresas nacionales, sectores como la banca o el comercio minorista han visto minada la viabilidad de sus negocios ante la presencia de empresas extranjeras.
Las exigencias sociales, laborales y medioambientales de los países receptores suelen ser, en ocasiones, muy escasas o nulas. Esto puede hacer que la contaminación del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales sea excesiva, y que las condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo dejen mucho que desear.

Las regiones con una democracia débil, es dónde mejor se mueven estas multinacionales, y gracias a su tamaño supranacional y la desregulación de las últimas décadas, especialmente de las transferencias del capital, estas empresas han acumulado más poder que los propios países democráticos occidentales con supuestas democracias fuertes, poniendo contra las cuerdas a los gobiernos europeos teniendo éstos que suavizar sus medidas reguladoras en el tema laboral y medioambiental acercándolos a los de los países emergentes, con la excusa de la productividad y en nombre siempre de la competitividad de un mundo cada vez más globalizado. Además hacen que las empresas locales no puedan competir con estas empresas deslocalizadas y tengan que cerrar, aumentando aún más el desempleo.

Este fenómeno ha afectado hasta ahora a los sectores de la industria manufacturera, pero tiende a extenderse hacia los servicios apoyándose en las tecnologías de la información y de la comunicación que permiten el traslado de procesos administrativos a países con menores salarios. Ejemplo de ellos son los denominados “calls centers”, de las empresas de telefonía, o las secciones de aplicaciones y tratamientos informáticos de estas mismas empresas, de las líneas aéreas o de los bancos.

Un ejemplo de la deslocalización en España es el de la empresa Delphi Automotive System, empresa lider del mercado mundial de componentes para la industria del automóvil, con un nivel de ventas superior al PIB de un país como Dinamarca.

Pese a que la facturación se mantuvo estable durante los últimos años, la corporación estadounidense optó por cerrar su factoría en Puerto Real (Cádiz), alegando que se habían registrado pérdidas por valor de 150 millones de euros en los últimos cinco años.
Expuesta así la situación parece lógico que la multinacional tuviera que cerrar su factoría en Puerto Real, pues ¿qúe empresa puede saportar semejantes costes durante tanto tiempo? Sin embargo, lo que ocurre realmente es que, las empresas transnacionales, Delphi entre ellas, pueden hacer aparecer pérdidas o beneficios allí donde más les convenga, utilizando para ello, entre otros procedimientos, los llamados “precios de transferencia”, un mecanismo que consiste sencillamente en facturar entre los diferentes nudos de la red a precios de libro en lugar de a precios de mercado. Así, si en el interior de la propia red Delphi, la factoría de Cádiz compra cualquier tipo de input a una factoría de Delphi alemana a un alto precio y luego vende lo producido a un bajo precio a un centro de la propia empresa en Polonia, estará generando beneficios extraordinarios en Polonia y pérdidas en España.

Lógicamente la corporación busca maximizar sus beneficios en su conjunto y para ello factura internamente de modo que, por ejemplo, en los sitios con impuestos sobre las ganancias más elevados se tengan menos beneficios o que en los lugares con problemas de empleo y con gobiernos dispuestos a dar subvenciones aparezcan pérdidas.
Esto es una práctica bien conocida y practicada con absoluta generalidad por este tipo de empresas.

Esto no es más que un ejemplo de las brutales deslocalizaciones que se vienen dando en los últimos tiempos en la vieja Europa, Japón y Estados Unidos.

La falta de unas instituciones internacionales democráticas y transparentes, pues, el FMI y el BM carecen de ambas cosas, favorece que los intereses de las empresas primen por encima de los de los ciudadanos de los países, permitiendo que en el mismo mercado global participen empresas con diferentes reglas de juego, lo que hace que quienes practiquen la explotación de los trabajadores o perjudiquen seriamente al medio ambiente salgan ganando, algo totalmente inaceptable, ya que no debe permitirse que la competitividad se base en la falta de derechos humanos y laborales.  Estamos en un punto donde la desregulación del capital supone una ventaja para la deslocalización de las empresas, es la época de la segunda globalización y de la gran convergencia, las diferencias del mundo occidental disminuyen con el resto, pero no a costa de elevar el nivel de vida de estos países con respecto a nosotros, sino principalmente, de disminuir el nuestro.

En cambio, la brecha de desigualdad entre las rentas más altas con las más bajas cada vez aumenta más, una pequeña élite mundial saca partido de esta crisis y de las reglas de juego impuestas mientras se precariza la situación laboral y social del resto del mundo, sin un mercado global regido por unas normas que acaten todos los agentes económicos y que favorezcan la distribución de los beneficios entre todos y un desarrollo sostenible, bajo la supervisión de unas instituciones mundiales democráticas y transparentes.  

Sólo un control democrático a escala mundial podría administrar eficientemente este fenómeno de forma humanamente deseable y favoreciendo a los peor dotados del planeta, rechazando toda forma de explotación
¿Cuánto durará esta convergencia antidemocrática?