Desde 2010, y a pesar de las declaraciones a favor del empleo en las sucesivas reuniones del G20 y otros foros globales, la estrategia política cambió sus prioridades alejándose de la creación y mejora del empleo, y concentrándose, en cambio, en la reducción de los déficits fiscales a toda costa.
En los países europeos, la reducción del déficit fiscal ha sido considerada esencial para calmar a los mercados financieros. El pilar sobre el cual se basa tal teoría es el Pacto de Estabilidad que fuerza a los Estados a tener un déficit público por debajo de un 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60%. Pero, incluso en países que no han sufrido los efectos de la crisis, esta estrategia está siendo aplicada por razones preventivas, reduciendo los déficits fiscales para evitar cualquier reacción negativa por parte de los mercados financieros. Este enfoque pretendía preparar el camino para mayores inversiones y crecimiento, junto con déficits fiscales inferiores.
Además de la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos, la mayoría de las economías avanzadas han flexibilizado las normas de trabajo y debilitado las instituciones del mercado laboral, y también han sido anunciadas medidas de liberalización. Todas estas medidas están siendo adoptadas con la esperanza de que los mercados financieros reaccionen de manera positiva y así reforzar la confianza, el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo estas expectativas no han sido satisfechas. En los países que aplicaron las políticas de austeridad y de liberalización de forma más decidida, principalmente los países del sur de Europa, el crecimiento económico y el empleo continúan deteriorándose, llegados al punto de que a día de hoy, la Unión Europea en su conjunto está oficialmente en recesión, la segunda desde que comenzó la crisis, un entorno negativo que no se daba desde 2009, en medio de las protestas por las políticas de austeridad que han realizado los gobiernos para tratar de salir de la crisis. La producción económica en la zona euro, compuesta por 17 países, cayó un 0.1% en el tercer trimestre, tras un descenso del 0'2 en el trimestre anterior, arrastrada por los malos resultados de Italia, España y Holanda.
En muchos casos, estas medidas también fracasaron a la hora de estabilizar la situación fiscal. La razón fundamental de estos fracasos es que este tipo de políticas, implementadas en un contexto de perspectivas de demanda limitada y con la complicación adicional de un sistema bancario en medio de su proceso de “desapalancamiento”, no tienen la capacidad de estimular la inversión privada, y la teoría de que la crisis la causa el excesivo crecimiento del gasto público que lleva como solución recortes de gasto público,deprime todavía aún más la economía, y como consecuencia, los ingresos del Estado caen aún más, sin inversiones y con mayores pérdidas de empleo. Lo paradójico es que la manera negativa en la que ésto afecta a los presupuestos de los gobiernos aumente las exigencias de mayor austeridad, por lo que en este círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo difícilmente podremos ver la salida a la crisis. La realidad es que ha habido pocos progresos en los déficit fiscales de los países que aplicaron enérgicamente las políticas de austeridad, al contrario de resolver los problemas, los están agravando aún más.
En su análisis de las Perspectivas de la Economía Mundial 2012 el FMI ha confesado haberse equivocado en un aspecto fundamental de política económica. En un recuadro del documento, el Fondo se pregunta ¿Estamos subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo? Su respuesta es que, en efecto, los analistas del fondo subestimaron brutalmente el impacto de la política de austeridad fiscal sobre la actividad económica. En el pasado reciente, los modelos del fondo partían del supuesto de que un recorte fiscal equivalente al uno por ciento del PIB provocaría una reducción en la actividad económica de 0.5 por ciento (esto quiere decir que el multiplicador fiscal era equivalente a 0.5). Pero ahora el FMI ha descubierto, con estudios sobre 28 economías, que la austeridad fiscal tiene repercusiones mucho más serias y que el multiplicador es más importante: eso quiere decir que un recorte de un 1% reduce la actividad económica hasta en 1.7%. Es decir, con los nuevos datos es posible concluir que el multiplicador fiscal es tres veces más grande que lo que pensaba el FMI. En realidad, hay numerosos estudios que encuentran que el impacto del recorte fiscal puede ser hasta diez veces mayor a lo que aceptaba el FMI hace unos meses. Las implicaciones de estos errores son graves. El FMI ha presionado durante los últimos tres años a los gobiernos europeos para que apliquen medidas de austeridad fiscal, igual que hizo con docenas de países subdesarrollados en las últimas décadas. En especial, el FMI, al igual que el Banco central europeo (BCE) y la Unión Europea, ha exhortado a los gobiernos de Grecia, España, Italia, Portugal e Irlanda a adoptar programas de restricción fiscal con el objeto de recuperar la confianza de los mercados financieros, pero esas medidas sólo han profundizado la recesión.
Se hace patente a día de hoy que recortar el gasto en el actual contexto de depresión solo va a empeorar las cosas, y que un estímulo fiscal ayuda a crear empleo. La vía de impulsar la demanda agregada a través del gasto público tiene importantes defensores como los premios Nóbel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Pero, en su mayoría, la discusión actual asume que España debe implementar políticas de ajuste fiscal y reformas en el mercado laboral para poder así salir de la actual crisis y restaurar el crecimiento
económico. De igual manera, se asume que el gobierno no puede recurrir a una política fiscal expansiva y que el BCE no puede asistir a un país en la implementación de una política expansiva, en forma de alivio cuantitativo o “Quantitative Easing” (QE).
Además, en la medida que el euro sea una moneda sobrevaluada para España, dado que sus niveles de productividad son inferiores a los de Alemania o Francia, el ajuste fiscal actual ofrece la posibilidad de una “devaluación interna”.Esto se logra a través de una reducción en los salarios a medida que la economía se contraecomo resultado de políticas procíclicas. Esto resulta difícil o imposible, ya que España no puede bajar sin más salarios y precios un 25%.
Una solución sostenible consiste en un ajuste simétrico en el que Alemania y España se acerquen, como defiende el economista Wolfgang Münchau. Alemania debería expandirse un poco a través de aumentos salariales y reformas tributarias, estimulando al sector privado a consumir más, a la par que en España el ajuste se compensaría por lo menos en parte, a través de una demanda estable de productos españoles.
Si Alemania sigue comportándose como un país pequeño, saneándose a expensas del resto de la economía mundial, y especialmente de sus socios europeos más débiles, la ruptura de la eurozona parece más que probable, máxime cuando China y Japón siguen una estrategia similar. Los superávits de un país corresponden necesariamente a los déficits de otro, y si Alemania se sigue negando a participar en el ajuste, los inversores internacionales seguirán sin entender cómo Alemania y España pueden coexistir en una Unión Monetaria.
¿Austeridad, economía o ideología? Ideología, sin duda, nada existe en la teoría económica que sustente la decisión de tomar medidas tan destructivas de forma unilateral.
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