Réquiem por la Renta Básica

Me veo en la obligación moral de escribir esta breve reflexión sobre un asunto que tiende a ser enterrado apresuradamente cada vez que se saca a la luz pública, desechado sin haber sido llevado a un debate o razonamiento mínimos, la Renta Básica.

Entiendo este instrumento como una Renta Básica de Inserción, una prestación monetaria integrada por una parte mensual básica y un complemento variable, en función de los miembros que forman parte de la unidad de convivencia, con objeto de satisfacer las necesidades básicas de la misma cuando éstas no puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, como pueden ser la prestación por desempleo o ayudas a la dependencia, y en oposición con la iniciativa de una Renta Básica Universal. Tal discrepancia podría parecer trivial para muchos, pero no deberían pasarse por alto cuestiones tales como que la Renta Básica Universal carece de una justificación sobre los medios de subsistencia del individuo si ya están cubiertos, así como los potenciales efectos adversos sobre la inflación que contrarrestarían los efectos de tal proposición vía demanda agregada que más abajo expongo, si bien existen circunstancias que a su vez podrían limitar éstos mediante el incremento de la oferta de bienes y servicios que la misma Renta Básica Universal podría impulsar, pero que implican un proceso más complejo y a largo plazo.

Más allá de su justificación moral en base a la justicia social y el aumento de capacidades del individuo, con su importante contribución a una libertad individual efectiva, las cuales suponen por sí mismas un claro objetivo de compromiso social, existen argumentos de peso diferentes de la retórica social que envuelve esta iniciativa, y que deberían hacer que cualquier ciudadano y gobierno reflexione de sus beneficios funcionales como instrumento de política económica, y que expongo en los dos siguientes puntos.

Primeramente, mi argumento a favor de la Renta Básica en lo referente a la demanda agregada se centra en la propensión a consumir de los hogares con menores ingresos, quienes gastan la totalidad de su renta en consumir bienes y servicios. El efecto multiplicador de esta medida influiría directamente sobre la oferta de bienes y servicios, lo que a su vez impulsaría el empleo y la inversión en bienes de capital (economía real), cuyas expectativas vienen marcadas por las previsiones del consumo futuro. Ello funciona en sentido inverso al resultado que produce una pequeñez en la propensión a consumir de hogares con rentas elevadas, cuyo ahorro alimenta la economía financiera y especulativa en busca de mayores retornos en detrimento de la inversión en la economía real, y que tiene un efecto devastador sobre la economía desencadenando un periodo inestable y de gran incertidumbre. Me abstengo aquí de hablar del ahorro derivado de unos ingresos mínimos ya que se entiende que los beneficiarios de estas transferencias tienen nula capacidad de ahorrar parte alguna de sus ingresos, sin embargo, dejo abierta la posibilidad de que esta medida pueda producir una reducción en el endeudamiento de las familias más desfavorecidas.

Otro fundamento positivo es la capacidad estabilizadora o limitadora de las fluctuaciones del ciclo económico de esta herramienta, que ya se evidencia de lo revelado en el primer punto, y que se basa en diluir el riesgo específico de las personas, quedando expuestos solamente al riesgo sistémico, en línea con la teoría moderna de cartera de Markowitz, lo que deja las fluctuaciones a la exposición e impactos de los shocks externos pudiendo controlar en gran medida las producidas por una demanda agregada insuficiente. Pero lo más interesante es sin duda su efecto sobre la aversión al riesgo, la incertidumbre asociada al consumo, lo cual es un concepto muy diferente y más determinante en la toma de decisiones del individuo que la utilidad del consumo, como han comprobado economistas y psicólogos en diversos experimentos y que hoy es uno de los supuestos básicos de la Moderna Teoría Financiera. Su implementación como una medida puesta en marcha por los poderes públicos no se trata únicamente de una política de ayuda social, sino de una política coherente con la gestión de riesgos en una época en la cual los riesgos individuales son extremadamente importantes, amortiguando el impacto de los problemas más graves. Se trata de democratizar las finanzas y extender las ventajas y complejas técnicas de las que disfrutan los mercados financieros a otros ámbitos que puedan devenir en una mejor seguridad para el ciudadano de a pie. Mi planteamiento aquí sigue el formulado por el reciente Premio Nobel en Economía Robert Shiller en su libro “El nuevo orden financiero: el riesgo para el siglo XXI”, sin embargo, difiere en la naturaleza de su proposición puesto que trato la gestión de riesgos a través de la Renta Básica como un seguro público, y no como un contrato entre agentes privados, y lo he tratado así para no eludir los problemas de selección adversa y otros problemas derivados de la información asimétrica que puedan darse.

Si a los individuos se les deja sobre sus espaldas todo el peso de  la incertidumbre que va asociada a nuestras vidas, así como el sufrimiento personal ocasionado por el azar, los individuos intentarán hacerlo lo mejor que puedan, normalmente tomando posiciones conservadoras, evitando riesgos a costa de dejar pasar oportunidades, que pueden ir desde mejorar su formación, poner en marcha un proyecto personal en forma de empresa o investigación, un cambio de trabajo, o incluso un proyecto familiar o social.

Imaginemos, cogiendo el ejemplo de Shiller sobre su idea de seguro de subsistencia, una persona joven que piensa seriamente en desarrollar una carrera ambiciosa y especializada, por ejemplo, en el campo de la bioquímica. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro, así que se enfrenta a riesgos como una sobreabundancia de especialistas en su materia, una caída de las acciones de biotecnología que redujera sus posibilidades laborales, o que las universidades y firmas biotecnológicas importen técnicos cualificados en países en desarrollo por su menores exigencias salariales. Ante la incertidumbre, podría desechar esta especialidad, aun cuando este campo pueda proporcionar una cura contra el cáncer y otras enfermedades. Pero, la Renta Básica podría en gran medida cubrir parte de los riesgos, diluyendo el riesgo específico, contribuyendo así a incentivar el emprendimiento y que las personas vean las posibilidades y la incertidumbre bajo otra luz, mucho menos arriesgada.

La idea de que una Renta Básica como seguro público impulsaría el emprendimiento de cualquier clase es contraria a la sabiduría convencional, la cual critica y se opone intuitivamente a este instrumento por “romper” los incentivos a trabajar, así como por la supuesta insuficiencia de fondos necesarios para el enorme gasto público aparejado a su implantación.

Recientemente, tras el fracaso del proyecto para llevar a la Comisión Europea la petición de una Renta Básica Universal, y la puesta en marcha de una iniciativa similar a nivel nacional por el Movimiento contra el paro y la precariedad, en los círculos políticos y de opinión se ve como una utopía inviable e irresponsable, en un momento de grave déficit de las cuentas públicas, posición que un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se ha encargado de reforzar. Las objeciones que se le pueden hacer a este informe son principalmente dos: i) la estimación del gasto público en una cifra de 78.000 millones de € y su imposibilidad de financiarlo no es tal si se tiene en cuenta la recaudación de impuestos perdida por culpa del fraude y la evasión fiscal, la cual ha sido estimada por la propia Gestha en torno a los 90.000 millones de €, además de la capacidad de aumentar los ingresos del Estado por medio de una mayor progresividad a los tramos más altos del IRPF como ya ha existido décadas atrás, un IS en función de la estructura y beneficios de las grandes empresas suprimiendo los nichos fiscales que permiten a grandes empresas una tasa efectiva menor que la de pequeñas y medianas empresas, entre otras muchas cosas que pueden hacerse. Así como, ii) en las estimaciones del informe no se evalúan los efectos sobre la actividad económica y la recaudación que he argumentado arriba en este texto, y que cambiarían por completo el punto de referencia de tal informe a la hora de hacer las estimaciones.

La segunda crítica más extendida e instintiva sobre este asunto, ampliamente interiorizada por todos, bien refugiada en la sabiduría convencional, es la que alarma sobre la “ruptura” de incentivos para trabajar que supondría una Renta Básica, ¿quién va a querer trabajar si se le aseguran unos ingresos sin hacer nada? Como se ha señalado a lo largo de todo este artículo, la Renta Básica no es más que unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades vitales, de la cual quedan excluidos la adquisición de bienes y servicios que todos tenemos razón en valorar y otras motivaciones que podemos encontrar y que vienen bien agrupadas en la conocida pirámide de Maslow.

Si bien puedo entender cierto grado de preocupación en torno a la degradación de ciertos incentivos para trabajar, especialmente si la mediana de ingresos a partir de la cual se calcula el montante de la Renta Básica es una cifra cercana al Salario Mínimo Interprofesional, ¿cuál sería el efecto sobre el mercado laboral? Lo que debería ocurrir es que los salarios de los trabajadores suban, puesto que nadie estaría dispuesto a trabajar por un SMI que le asegura unos ingresos iguales o cercanos a los que tendría sin ejercer actividad alguna, aumentando los costes de las empresas pero también sus ingresos, ya que aumentaría presumiblemente el consumo de sus productos. Que las personas trabajen por algo más que por salarios de subsistencia y se ponga freno a la precariedad no debería ser visto un problema de la Renta Básica, sino más bien un logro, funcionando a su vez como un complemento de la política de rentas.

Lo aquí expuesto no significa que la Renta Básica resuelva por sí misma los problemas a los que se ha hecho referencia, sino que debe ser vista y tratada como un instrumento, una herramienta que debe combinarse con otras medidas necesarias acorde a la situación y las relaciones que surjan de la multitud de intereses y fuerzas que coexisten en una economía nacional y, especialmente en estos tiempos, globalmente, por lo que se hace imprescindible tratar para su correcta implantación o la consecución de los resultados deseados su complementación con las urgentes regulaciones indispensables en el sistema financiero, para el medio ambiente y de una política de gobernanza mundial que vele por unas reglas de juego homogéneas que no sancionen comportamientos éticos o responsables en el tablero global común degradando la capacidad competitiva y las economías nacionales.

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