El país necesita de un choque fiscal acompañado de un plano de (re)industrialización, teniendo a los territorios como palanca del crecimiento y refuerzo de la competitividad.
Por João Leitão. Publicado originariamente en el
medio Online “Urbi et Orbi”
La reducción de la calificación credicticia de Portugal ha
venido afectando negativamente a la competitividad de Portugal, o sea, a su capacidad
competitiva y entorno competitivo, en la medida en que la señalización externa
de los mercados apunta en el sentido de que la economía portuguesa tendrá una
capacidad bastante condicionada para cumplir, en términos futuros, los
compromisos asumidos; es decir, en términos de los pagos de la deuda contraída
tanto por vía del endeudamiento público como de los endeudamientos privados.
Más allá de eso, minimiza las expectativas de retorno de los inversores
extranjeros y nacionales, por nítida falta de confianza en la capacidad de
recuperación autónoma de la economía portuguesa, en términos de regreso a los
mercados internacionales, como mecanismo de financiación de la actividad
económica nacional.
Los resultados obtenidos en un estudio desarrollado recientemente
por el Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) del Ministerio da Economía e do
Emprego de Portugal, teniendo por base los indicadores disponibles en el inicio
del año 2013, destacan el mejor posicionamiento competitivo de Polonia,
República Checa y de Eslovaquia, seguidos de Hungría, Portugal, España, Italia
y, por último, Grecia. Entre estas ocho economías del sur y este europeo,
Portugal solo es más competitiva que Grecia y puntúa al lado de Italia y
España. Para su mejor orientación, considere ahora un ejercicio donde se
comparasen las cuatro economías del este – Polonia, República Checa, Eslovaquia
y Hungría – con las cuatro economías del
sur – Grecia, Italia, España y Portugal –. El objetivo es hacer frente a las
fuerzas y debilidades competitivas de estas ocho economías, que se posicionan
en el pelotón intermedio de la Unión
Europea. La competitividad es analizada a través de 48
indicadores, agrupados siguiendo seis dimensiones de análisis: crecimiento;
empleo; inversión; globalización; endeudamiento; y Europa 2020. Entre las seis
dimensiones consideradas, la inversión y el endeudamiento son las dos en que
Portugal puntúa peor, quedando en penúltimo lugar en ambas. La mejor puntuación
es conseguida en la implementación de la estrategia Europa 2020.
Las reformas operadas por el actual elenco gobernativo están
lejos de poder ser consideradas reformas estructurales. En la realidad operaron
recortes en gastos fijos, a saber, remuneraciones de los colaboradores de
organismos de la administración pública y se adoptó una política fiscal que no
es amiga de la competitividad nacional, que resultó en el aplastamiento de la
capacidad de adquisición y de inversión de los particulares y empresas. Luego
la receta de austeridad fue elevada a un extremo que resultó en una situación
de fatiga fiscal de los particulares y de estrés financiero del tejido
empresarial, especialmente, micro, pequeñas y medianas empresas. Todo sumado condujo
a la desintegración del tejido industrial nacional, en el aumento del desempleo,
en especial, jóvenes con formación superior, y en la reducción drástica de la
demanda interna. Con todo, el gasto público mantiene una trayectoria galopante,
fruto de la incapacidad de control de los costes variables del mal llamado
gasto público, basada en contratos, prestaciones de servicios, convenios y
asesoramiento especializado.
La política y el régimen fiscal se revelaron nefastos para
el refuerzo de la capacidad competitiva de las empresas portuguesas y
extranjeras para operar en Portugal. A nivel interno, es urgente reducir el
impuesto sobre el rendimiento de las personas colectivas (IRC) y también
reducir el impuesto sobre el rendimiento de las personas singulares (IRS), en
el sentido de crear una nueva dinámica de consumo interno y de atracción de
inversión directa extranjera. A nivel europeo es fundamental (re)crear una
política fiscal capaz de crear incentivos para la localización y
deslocalización de inversión directa extranjera, con destino a las economías de
la periferia europea, en mayores dificultades, es decir, Portugal, Irlanda,
Italia, Grecia y España (PIIGS). Es impensable que la misma empresa soporte un
11% de IRC en Holanda y un 25% en Portugal, pues es extremadamente desigual la
carga fiscal a la que se enfrentan los empresarios.
Portugal es un país que tiene producciones competitivas,
capital humano cualificado en determinados nichos y una estructura
institucional preparada para aprovechar una verdadera economía del
conocimiento, con todo, necesita de inversión y de una discriminación positiva
por parte de las altas instancias de la
UE que, a mi modo de ver, podría asentarse en un perdón
parcial de la deuda, pero también en la posibilidad de adoptar un régimen de
tasas de cambio flexibles donde la divisa patrón – El EURO – pudiese fluctuar
de acuerdo con la evolución del indicador principal de crecimiento y de
producción de riqueza nacional, o sea, la variación del Producto Interior Bruto
(PIB) real. La idea básica es crear categorías de Euro (1, 2 y 3) donde las
diferentes economías de la Unión Europea
figuren de acuerdo con su desempeño macroeconómico anual.
¡Portugal y sus territorios tienen que actuar! Diseñar e
implementar un plano estratégico de reindustrialización; mejorar el capital
humano y los factores que influencian el clima de inversión de las empresas y
la buena gobernanza; acelerar el proceso de transformación tecnológica y de
cualificación de los recursos para poder dar el salto tecnológico hacia el
grupo de países que generan tecnología; cualificar la mano de obra y
desarrollar un esfuerzo de contención (sin más reducciones) de los costes
salariales, dada la posición intermedia en relación a los costes laborales y la
posición desfavorable en materia de capital humano, en el panorama europeo;
estimular más y mejores empresarios que consigan aumentar significativamente la
productividad de un número significativo de empresas; resolver rápidamente los
problemas de estabilidad macroeconómica que afligen a la nación, es decir,
reducir el déficit público, mejorar la eficiencia de los servicios públicos
para poder reducir la carga fiscal (excesiva) y asegurar la estabilidad
financiera a través de una regulación eficiente
del sector financiero; eliminar la corrupción, aprovechando el encuadramiento
europeo y nacional; mejorar sustancialmente el proceso de innovación, las
infraestructuras de telecomunicaciones y las tecnologías de información y
comunicación (TIC); y promover la sostenibilidad de la inversión directa
extranjera, pues constituye una importante fuente de transferencia tecnológica,
que es imprescindible para el progreso tecnológico.
João Leitão es profesor auxiliar de Universidade da Beira Interior
(UBI), doctorado en Economía, con especialización en Pricing, Investigador
integrado del Centro de Estudos de Gestão (CEG-IST), Universidade Técnica de
Lisboa y miembro del Conselho Fiscal da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
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