Reformas no estructurales y Competitividad de Portugal

El país necesita de un choque fiscal acompañado de un plano de (re)industrialización,  teniendo a los territorios como palanca del crecimiento y refuerzo de la competitividad. 

Por João Leitão. Publicado originariamente en el medio Online “Urbi et Orbi”

La reducción de la calificación credicticia de Portugal ha venido afectando negativamente a la competitividad de Portugal, o sea, a su capacidad competitiva y entorno competitivo, en la medida en que la señalización externa de los mercados apunta en el sentido de que la economía portuguesa tendrá una capacidad bastante condicionada para cumplir, en términos futuros, los compromisos asumidos; es decir, en términos de los pagos de la deuda contraída tanto por vía del endeudamiento público como de los endeudamientos privados. Más allá de eso, minimiza las expectativas de retorno de los inversores extranjeros y nacionales, por nítida falta de confianza en la capacidad de recuperación autónoma de la economía portuguesa, en términos de regreso a los mercados internacionales, como mecanismo de financiación de la actividad económica nacional.

Los resultados obtenidos en un estudio desarrollado recientemente por el Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) del Ministerio da Economía e do Emprego de Portugal, teniendo por base los indicadores disponibles en el inicio del año 2013, destacan el mejor posicionamiento competitivo de Polonia, República Checa y de Eslovaquia, seguidos de Hungría, Portugal, España, Italia y, por último, Grecia. Entre estas ocho economías del sur y este europeo, Portugal solo es más competitiva que Grecia y puntúa al lado de Italia y España. Para su mejor orientación, considere ahora un ejercicio donde se comparasen las cuatro economías del este – Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría  – con las cuatro economías del sur – Grecia, Italia, España y Portugal –. El objetivo es hacer frente a las fuerzas y debilidades competitivas de estas ocho economías, que se posicionan en el pelotón intermedio de la Unión Europea. La competitividad es analizada a través de 48 indicadores, agrupados siguiendo seis dimensiones de análisis: crecimiento; empleo; inversión; globalización; endeudamiento; y Europa 2020. Entre las seis dimensiones consideradas, la inversión y el endeudamiento son las dos en que Portugal puntúa peor, quedando en penúltimo lugar en ambas. La mejor puntuación es conseguida en la implementación de la estrategia Europa 2020.

Las reformas operadas por el actual elenco gobernativo están lejos de poder ser consideradas reformas estructurales. En la realidad operaron recortes en gastos fijos, a saber, remuneraciones de los colaboradores de organismos de la administración pública y se adoptó una política fiscal que no es amiga de la competitividad nacional, que resultó en el aplastamiento de la capacidad de adquisición y de inversión de los particulares y empresas. Luego la receta de austeridad fue elevada a un extremo que resultó en una situación de fatiga fiscal de los particulares y de estrés financiero del tejido empresarial, especialmente, micro, pequeñas y medianas empresas. Todo sumado condujo a la desintegración del tejido industrial nacional, en el aumento del desempleo, en especial, jóvenes con formación superior, y en la reducción drástica de la demanda interna. Con todo, el gasto público mantiene una trayectoria galopante, fruto de la incapacidad de control de los costes variables del mal llamado gasto público, basada en contratos, prestaciones de servicios, convenios y asesoramiento especializado.

La política y el régimen fiscal se revelaron nefastos para el refuerzo de la capacidad competitiva de las empresas portuguesas y extranjeras para operar en Portugal. A nivel interno, es urgente reducir el impuesto sobre el rendimiento de las personas colectivas (IRC) y también reducir el impuesto sobre el rendimiento de las personas singulares (IRS), en el sentido de crear una nueva dinámica de consumo interno y de atracción de inversión directa extranjera. A nivel europeo es fundamental (re)crear una política fiscal capaz de crear incentivos para la localización y deslocalización de inversión directa extranjera, con destino a las economías de la periferia europea, en mayores dificultades, es decir, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (PIIGS). Es impensable que la misma empresa soporte un 11% de IRC en Holanda y un 25% en Portugal, pues es extremadamente desigual la carga fiscal a la que se enfrentan los empresarios.

                            

Portugal es un país que tiene producciones competitivas, capital humano cualificado en determinados nichos y una estructura institucional preparada para aprovechar una verdadera economía del conocimiento, con todo, necesita de inversión y de una discriminación positiva por parte de las altas instancias de la UE que, a mi modo de ver, podría asentarse en un perdón parcial de la deuda, pero también en la posibilidad de adoptar un régimen de tasas de cambio flexibles donde la divisa patrón – El EURO – pudiese fluctuar de acuerdo con la evolución del indicador principal de crecimiento y de producción de riqueza nacional, o sea, la variación del Producto Interior Bruto (PIB) real. La idea básica es crear categorías de Euro (1, 2 y 3) donde las diferentes economías de la Unión Europea figuren de acuerdo con su desempeño macroeconómico anual.

¡Portugal y sus territorios tienen que actuar! Diseñar e implementar un plano estratégico de reindustrialización; mejorar el capital humano y los factores que influencian el clima de inversión de las empresas y la buena gobernanza; acelerar el proceso de transformación tecnológica y de cualificación de los recursos para poder dar el salto tecnológico hacia el grupo de países que generan tecnología; cualificar la mano de obra y desarrollar un esfuerzo de contención (sin más reducciones) de los costes salariales, dada la posición intermedia en relación a los costes laborales y la posición desfavorable en materia de capital humano, en el panorama europeo; estimular más y mejores empresarios que consigan aumentar significativamente la productividad de un número significativo de empresas; resolver rápidamente los problemas de estabilidad macroeconómica que afligen a la nación, es decir, reducir el déficit público, mejorar la eficiencia de los servicios públicos para poder reducir la carga fiscal (excesiva) y asegurar la estabilidad financiera a través de una regulación eficiente del sector financiero; eliminar la corrupción, aprovechando el encuadramiento europeo y nacional; mejorar sustancialmente el proceso de innovación, las infraestructuras de telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicación (TIC); y promover la sostenibilidad de la inversión directa extranjera, pues constituye una importante fuente de transferencia tecnológica, que es imprescindible para el progreso tecnológico.

João Leitão es profesor auxiliar de Universidade da Beira Interior (UBI), doctorado en Economía, con especialización en Pricing, Investigador integrado del Centro de Estudos de Gestão (CEG-IST), Universidade Técnica de Lisboa y miembro del Conselho Fiscal da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Traducción de Esteban Cruz Hidalgo

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La hecatombe de la Europa del pensamiento único

Con el agravamiento de la crisis en Europa y a pesar de las declaraciones a favor del empleo en las sucesivas reuniones del G20 y otros foros globales, desde 2010 la estrategia política cambió sus prioridades alejándose de la creación y mejora del empleo, y concentrándose en cambio en la reducción de los déficits fiscales a toda costa. En los países europeos, la reducción del déficit fiscal ha sido considerada esencial para calmar a los mercados financieros.

Frente a la crisis, la estrategia de la Comisión y de los Estados miembros es aterradora. Esta estrategia se basa sobre tres pilares: la aplicación de planes de austeridad presupuestaria, la reforma de la gobernanza de la zona euro y la puesta en práctica de un Mecanismo Europeo de Estabilidad que nos ha sido vendido como un mecanismo de solidaridad finaciera.

El PRIMER PILAR sobre el cual se basa tal teoría es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que fuerza a los Estados a tener un déficit público por debajo de un 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60%. Pero, incluso en países que no han sufrido los efectos de la crisis, esta estrategia está siendo aplicada por razones preventivas, reduciendo los déficits fiscales para evitar cualquier reacción negativa por parte de los mercados financieros. Dicho pacto prevé que la Comisión pueda poner en marcha Procedimientos de Déficit Excesivo (PDE).

El SEGUNDO PILAR de la estrategia europea es el reforzamiento de la gobernanza a través del Pacto Euro Plus, aprobado en el Consejo Europeo del 24 y 25 marzo 2011 y que consta de cuatro ejes:

- Controlar la trayectoria de las finanzas públicas nacionales y de imponer la reducción progresiva de la deuda pública, aplicando sanciones de una manera más automática y precoz que antes, lo que supone un endurecimiento del PEC.

- Nacionalización de responsabilidades: “Los Estados miembros de la zona euro se comprometen a llevar a su legislación nacional las reglas presupuestarias de la Unión Europea que figuran en el PEC”. Algo que España ya hizo a finales de verano de 2011 tras un pacto de PSOE y PP donde reformaron la constitución para garantizar por ley la limitación del déficit público, lo que elimina la vía keynesiana de estimular la demanda agregada mediante el gasto e inversión pública.

- Reforzar la competitividad mediante el control de los salarios, éstos no pueden evolucionar más rápido que la productividad, pero el pacto no denuncia a aquellos países donde los salarios han progresado claramente menos que la productividad y que tanto ha contribuido a los desequilibrios entre el norte y el sur. Las políticas mercantilistas dentro de la UE llevadas a cabo por Alemania han dotado a sus socios comerciales de pérdida de competitividad y obligado a un endeudamiento excesivo, difícilmente podrán seguir Alemania y otros países, como Austria o Finlandia, saneándose a expensas de los países del sur. Los países con superávits deben expandirse aumentando los salarios y los gastos sociales (algo que va en contra de las clases dirigentes de estos países), estimulando su demanda interna para permitir un ajuste con los países del sur.

- Creación de un “semestre europeo” para coordinar las grandes elecciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros, asegurando su compatibilidad con las opciones estratégicas de la Unión, abriendo la vía a conflictos de soberanía entre la Unión Europea y los Estados en materia presupuestaria. Consiste en que a principios de año el Consejo Europeo hace unas recomendaciones con los grandes desafíos económicos a cada país, y éstos deben integrarlas y elaborar en consonancia sus presupuestos nacionales, así como los programas de reforma. Estas recomendaciones se fundamentan en diez medidas: Poner en práctica un saneamiento presupuestario riguroso (cuyo impacto macroeconómico no se analiza: la situación de las finanzas públicas es prioritaria en relación al empleo y a la actividad); corregir los desequilibrios macroeconómicos (por la moderación salarial en los países deficitarios; y por la liberalización de los servicios y del comercio en los países excedentarios, no por incrementos salariales); estabilizar el sector financiero; hacer más atractivo el trabajo (como si el problema hoy fuera que los asalariados rechazasen trabajar); reformar los sistemas de pensiones (hacerlos menos costosos, favorecer los fondos privados de pensiones); reinsertar a los parados (reduciendo las prestaciones); conciliar seguridad y flexibilidad en el mercado de trabajo (menor protección para el trabajador y más poder para los capitalistas, como si la libertad de capitales y el chantaje a la deslocalización de la actividad empresarial no fuesen suficientes); explotar el potencial del mercado único (otra vez más la liberalización de los servicios y el comercio); atraer a los capitales privados para favorecer el crecimiento (poner en marcha colaboraciones público-privadas aun a riesgo de aumentar el coste de las inversiones públicas); permitir el acceso a la energía a un precio asequible (lo que pasa por medidas de privatización y de aumento de la competencia según la Comisión). La estrategia macroeconómica, el giro ecológico y la política industrial son los grandes olvidados.

El TERCER Y ÚLTIMO PILAR de la estrategia europea es el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que sustituirá en junio de 2013 al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF). La misión del MEDE es movilizar los fondos y otorgar asistencia financiera a los miembros de la zona euro en dificultades. Sus ayudas están subordinadas a una estricta condicionalidad, que somete a los Estados beneficiarios a programas de ajuste macroeconómico rigurosos (políticas restrictivas), algo que conocemos ya en España y sufriremos especialmente en 2013. El memorando sobre el rescate bancario a las entidades financieras españolas incide  expresamente en la necesidad de cumplir los compromisos fiscales y avanzar en las reformas estructurales. En este sentido, el eurogrupo establece que el programa de ayuda será supervisado por la Comisión Europea, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el FMI. Además, el eurogrupo establece condicionalidades tanto al sector bancario como macroeconómicas. Las condiciones macroeconómicas implicarán la adopción de las medidas contempladas, ya en mayo, por la Comisión en sus recomendaciones de política económica para España, entre ellas la necesidad de acometer más ajustes para cumplir los requisitos presupuestarios. Entre las medidas contempladas están la subida del IVA y de los impuestos especiales-medioambientales que ya sufrimos desde septiembre de 2012, la supresión de la deducción por vivienda y de la paga extra a funcionarios, menos días libres a funcionarios, la reducción de la prestación de desempleo desde el séptimo mes y lareforma de las pensiones, entre otras.

Estas medidas también fracasaran a la hora de estabilizar la situación fiscal, de hecho, en medio de las protestas por las políticas de austeridad que han realizado los gobiernos para tratar de salir de la crisis, la producción económica en la zona euro, compuesta por 17 países, cayó un 0'1% en el tercer trimestre, tras un descenso del 0'2 en el trimestre anterior, arrastrada por los malos resultados de Italia, España y Holanda. Si nos fijamos en el desempleo y los servicios públicos, el futuro es desalentador. La razón fundamental de estos fracasos es que este tipo de políticas, implementadas en un contexto de perspectivas de intereses elevados, demanda limitada y con la complicación adicional de un sistema bancario en medio de su proceso de “desapalancamiento” en un entorno de incertidumbre, no tienen la capacidad de estimular la inversión privada, y con presupuestos tan restrictivos no se permite que actúe la inversión pública para dejar su hueco, con la consiguiente caída de la actividad. La teoría de que la crisis la causa el excesivo crecimiento del gasto público que lleva como solución recortes de gasto público, deprime todavía aún más la economía, y como consecuencia, los ingresos del Estado caen aún más, sin inversiones y con mayores pérdidas de empleo. Lo paradójico es que la manera negativa en la que esto afecta a los presupuestos de los gobiernos aumente las exigencias de mayor austeridad, retroalimentándose a si mismo un circulo vicioso que no parará hasta llegar a un generalizado nivel de miseria, donde la opulencia de los servicios privados contraste con la pobreza de los servicios públicos, produciendo un desequilibrio social desconocido hasta ahora en Europa.

¿Será este 2013 el fin de la Unión Europea como la conocemos o la presión ciudadana obligará a dar un giro y encarrilar las políticas comunitarias en pro de una Europa de y para todos los ciudadanos que la integran? La mano de la doctrina liberal en la estrategia europea es más que visible, si no acabamos con la Europa del pensamiento único no habrá Unión Europea, es hora de que los países del sur unamos nuestras fuerzas y hagamos frente al núcleo del poder europeo, presentando alternativas, alternativas coherentes y sólidas que debemos construir los ciudadanos, de los derechos sociales y humanos, de la cooperación y de la pluralidad, la Europa social. Va a ser un año muy duro y un camino lleno de obstáculos, es una Europa o ninguna, cambiemos el rumbo.